OVIEDO, 9 de octubre. En el día de hoy, Consuelo Rodríguez, quien se desempeñó como jefa de Servicio de Asuntos Generales en la Consejería de Transición Ecológica, ha salido al paso para defender la gestión realizada en relación a dos expedientes que fueron asignados en 2024, vinculados al trágico accidente ocurrido en 2022 en la mina de Cerredo. Rodríguez ha asegurado que la tramitación fue rápida, completándose en plazos de 14 y 19 días desde su inicio hasta la resolución o suspensión.

Rodríguez ofreció su testimonio ante la comisión de investigación sobre el mencionado accidente, donde perdieron la vida cinco trabajadores y otros cuatro resultaron gravemente heridos. En su exposición, destacó que su departamento asumió el manejo de los expedientes sancionadores en febrero de 2024, y enfatizó que su servicio nunca dependió directamente de la Dirección General de Minería, sino que siempre estuvo enfocado hacia la Secretaría General Técnica.

Durante su intervención en la Junta General, Rodríguez detalló que, tras la asunción de responsabilidades en 2024, su equipo se encargó por primera vez de gestionar expedientes relacionados con la minería e industria. “Contamos con personal altamente cualificado y con amplia experiencia en la tramitación de expedientes sancionadores, especialmente en el ámbito ambiental”, enfatizó, refiriéndose a los funcionarios con un sólido historial en el manejo de estos procedimientos.

En lo que respecta a su propio papel en el proceso, Rodríguez limitó su intervención a funciones de supervisión y apoyo. Aclaró que su contribución se centró en reuniones técnicas con otros servicios, sin que ello implicara un control jerárquico o instrucciones externas. “El manejo de los expedientes fue principalmente responsabilidad de la jefa de sección y la jefa de negociado”, apuntó con claridad.

Rodríguez explicó que su papel fue esencialmente de supervisión, participando en algunas reuniones con jefes de servicio, incluyendo el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo durante el traspaso de los expedientes, así como en encuentros con el jefe del Servicio de Minas para resolver cuestiones técnicas específicas. “Las gestiones fueron llevadas prácticamente de manera exclusiva por los dos funcionarios mencionados”, aseveró.

Además, Rodríguez señaló que a lo largo de 2024 se generaron seis nuevos expedientes en el ámbito de la minería y la industria, aumentando así el total tramitado por su servicio a 16, en comparación con los 127 relacionados con medio ambiente. “Diez de estos expedientes nos fueron transferidos en febrero, y a lo largo del año se sumaron otros seis”, explicó.

En la misma comisión, Emma Pérez, actual jefa de la Sección de Asuntos Generales y Apoyo Jurídico de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, también hizo su aparición. Pérez fue la responsable de gestionar los dos expedientes sancionadores derivados del lamentable accidente en la mina de Cerredo. Ella negó cualquier tipo de vínculo personal con los propietarios de las empresas implicadas, más allá de las necesarias comunicaciones administrativas.

Pérez clarificó que los expedientes se generaron a petición del Servicio de Minas y el Servicio de Asesoramiento Jurídico Administrativo. “El primero de ellos se centraba en deficiencias graves en el vehículo destinado a los trabajadores, así como en otros incumplimientos formales, como la falta de comunicación sobre subcontrataciones y la acreditación de formación por parte de los trabajadores”, detalló.

Respecto al segundo expediente, Pérez indicó que este se refería a extracciones no autorizadas de carbón dentro de la mina. Aclaró que aunque los informes indicaron que las extracciones no fueron la causa del accidente, se consideró que podrían haberse llevado a cabo irregularidades en el piso sexto de la mina tras el evento. “Se determinó que el camión involucrado en el accidente provenía presuntamente de allí”, agregó.

Frente a las preguntas del diputado del Partido Popular, Rafael Alonso, sobre las demoras en la tramitación de estos expedientes, Pérez expresó no tener información al respecto, especialmente en lo que concierne a la seguridad minera. “El informe que propone el Servicio de Minas es de julio de 2023, y no hubo actividad alguna hasta abril de 2024”, indicó. “Desconozco las razones, ya que no estaba en la Consejería en aquel momento y no tengo información sobre la carga de trabajo”, concluyó.

Pérez también mencionó que no le sorprendió que el documento de aceptación de responsabilidad por extracción ilegal de carbón hubiera sido firmado por las empresas Blue Solving y Combayl, ya que, según sus palabras, “indicaban que en noviembre de 2023 habían transferido los derechos mineros a una nueva compañía. Lo vi normal, dado que la nueva empresa debería estar al tanto del expediente sancionador que se había tramitado previamente”.