La falta de médicos en la prisión de Asturias supera el 60% y afecta la salud mental
La prisión de Asturias tiene solo 3 médicos para 1.167 internos, superando el 60% de déficit, lo que afecta gravemente la salud mental de los reclusos.
La prisión de Asturias cuenta con solo tres médicos para atender a 1.167 internos, lo que supera el 60% de déficit en personal sanitario. Este dato refleja una situación crítica que compromete la detección temprana y el seguimiento de patologías mentales en reclusos.
Este centro penitenciario se encuentra en un contexto de colapso asistencial en toda España, donde más del 30% de la población reclusa padece trastornos mentales o recibe tratamiento psicofarmacológico. La falta de recursos y personal sanitario agrava la problemática, especialmente en un entorno cerrado y de alto impacto psicológico como la prisión.
La escasez de médicos dificulta la identificación precoz de problemas de salud mental al ingreso, además de impedir un seguimiento adecuado de los tratamientos. Esto incrementa el riesgo de descompensaciones y episodios psiquiátricos en el interior de los módulos, poniendo en riesgo tanto la salud de los internos como la seguridad del centro.
Desde el sindicato ACAIP-UGT, mayoritario en el ámbito penitenciario, se hace un llamamiento a las administraciones para que refuercen de manera urgente y efectiva la plantilla médica y los recursos especializados. La reivindicación se realiza en un contexto de inestabilidad política, con las próximas elecciones generales y un debate pendiente sobre las condiciones del sistema penitenciario.
El déficit de personal en las prisiones españolas supera el 77%, reflejando una política que aún no ha priorizado la inversión en salud mental en estos centros. La situación en Asturias ejemplifica un problema estructural que requiere una solución integral y coordinada a nivel nacional, con compromiso político real y recursos suficientes.
En un escenario político marcado por cambios de gestión y reformas en el sistema penitenciario, la perspectiva futura pasa por implementar medidas que garanticen una atención sanitaria digna y adecuada a la población reclusa, especialmente en materia de salud mental. Solo así se podrán mitigar los riesgos asociados a la precariedad actual.