La Fiscalía de Asturias investiga el cobro del peaje en la AP-66 durante obras

La Fiscalía Superior de Asturias ha abierto diligencias preliminares tras la denuncia de la Plataforma Ciudadana contra el Peaje del Huerna. La denuncia acusa a las concesionarias de cobrar el peaje íntegro mientras se realizaban obras en la autopista, en contra de la legalidad establecida por sentencias judiciales. La investigación se inició en noviembre de 2025 y ha sido ampliada con nueva documentación aportada por la plataforma en enero de 2026.

El contexto político y judicial revela una tensión constante entre las decisiones administrativas y las resoluciones judiciales en materia de concesiones y peajes. La sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegal el cobro en la AP-9 durante sus obras ha marcado un precedente relevante. Sin embargo, las concesionarias vinculadas a In Itínere continúan cobrando el peaje en la AP-66, generando controversia y distintas interpretaciones sobre la legalidad del cobro.

Este proceso judicial tiene implicaciones importantes para la gestión de infraestructuras en la región y plantea un debate sobre la responsabilidad de las concesionarias frente a las decisiones judiciales y administrativas. La Fiscalía ha solicitado documentación adicional, lo que podría derivar en posibles acciones legales si se confirma la ilegalidad del cobro. La ciudadanía, por su parte, ha sido instada a conservar justificantes de pago y colaborar con las investigaciones.

Desde el ámbito político, este caso refleja las tensiones en torno a la gestión de concesiones y la protección de los derechos de los usuarios. La Administración autonómica y estatal mantienen posturas diferenciadas sobre la legalidad del cobro, mientras las plataformas ciudadanas buscan hacer valer sus derechos mediante la vía judicial. La resolución final podrá influir en futuras regulaciones o en la devolución de importes cobrados indebidamente.

De cara al futuro, la evolución de la investigación y las posibles resoluciones judiciales marcarán un precedente en la lucha contra prácticas que puedan considerarse ilegales en la gestión de peajes en infraestructuras públicas. La decisión de la Fiscalía y los tribunales será clave para definir el marco legal en estas situaciones y proteger los derechos de los usuarios en Asturias y en el conjunto del Estado.