El pasado miércoles, en una sesión del pleno de la Junta General del Principado de Asturias, se produjo un debate acalorado cuando se rechazó una Proposición de Ley presentada por el Partido Popular (PP) que buscaba reducir la cuota autonómica del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los tres primeros tramos de ingresos, es decir, para quienes ganan hasta 30.000 euros anuales. El rechazo vino principalmente de los votos del PSOE, IU-Convocatoria por Asturias y la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

Esta propuesta no recibió el apoyo del Consejo de Gobierno del Principado. Andrés Ruiz, portavoz del PP en esta Junta, defendió la iniciativa señalando que la intención era implementar "una rebaja de impuestos para todos", con el objetivo de aliviar los efectos de la inflación sobre la capacidad económica de los ciudadanos.

El diputado del PP explicó que la propuesta estaba diseñada para reducir la carga fiscal sobre las rentas más bajas y medias. Además, buscaba incrementar la parte de la renta que no estaría sujeta a impuestos, como los mínimos personales y familiares, algo que consideró crucial para mejorar la situación económica de muchas familias asturianas.

En el marco de la discusión, el PP instó a la realización de una reforma fiscal significativa que permita ajustar normativamente los tributos cedidos, buscando así una mayor competitividad fiscal para la región. Esta es una necesidad urgente que, según el PP, evitaría que Asturias se convirtiera en una "isla" frente a los cambios fiscales que se están llevando a cabo en comunidades autónomas vecinas.

Desde el Grupo Mixto-Foro, se escuchó el apoyo de Adrián Pumares, quien concordó en la importancia de llevar a cabo una reforma fiscal que ayude a Asturias a no rezagarse frente a otras regiones. Igualmente, Gonzalo Centeno, representante de Vox, expresó su respaldo a la propuesta del PP, resaltando la intención de mitigar el impacto de la inflación en aquellos ciudadanos de menor poder adquisitivo.

Por otro lado, Covadonga Tomé criticó abiertamente al PP, señalando una "falta de coherencia" en su enfoque respecto a las finanzas públicas. Argumentó que los impuestos deben ser utilizados para redistribuir recursos de manera justa y equilibrada, garantizando que, en pleno siglo XXI, todos los ciudadanos tengan derecho a vivir dignamente.

Finalmente, el socialista Luis Ramón Fernández Huerga arremetió contra la propuesta, sugiriendo que no está verdaderamente dirigida a ayudar a las clases medias y trabajadoras, como asegura el PP. En su opinión, se utilizan estas clases como un pretexto para favorecer a los hogares con ingresos más altos. Añadió que, mientras alguien que gana 25.000 euros podría beneficiarse de una reducción de aproximadamente 160 euros, aquellos que ganan 65.000 euros verían beneficios mucho mayores de alrededor de 300 euros.