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Política 13 de Mayo de 2026 · 14:07h 2 min de lectura

Los mineros de Ibias exigen solución inmediata tras 12 meses sin salario

Los trabajadores de Mina Miura en Ibias han finalizado una marcha de 150 kilómetros hasta Oviedo para exigir el cumplimiento de sus derechos laborales. Tras seis días de caminata, llegaron a la Junta General del Principado, donde fueron recibidos por los representantes políticos y el presidente Adrián Barbón.

Este acto de protesta refleja la grave situación de las cuencas mineras en Asturias, marcada por el impago de salarios y la falta de acciones efectivas por parte de las empresas y la administración. La protesta pone en evidencia las dificultades sociales y económicas que enfrentan muchas familias en la región, afectadas por el cierre de minas y la pérdida de empleos.

El contexto político actual en Asturias está caracterizado por la tensión entre la Xunta y las empresas mineras, en un momento en que la economía regional busca diversificación. La inacción ante los incumplimientos empresariales genera preocupación sobre la protección social de los trabajadores y el futuro de las cuencas.

Las demandas de los mineros incluyen la reactivación de pagos atrasados, la intervención del Gobierno y la implementación de medidas que garanticen un futuro laboral digno. La movilización busca que la administración actúe como escudo frente a las responsabilidades de las empresas, en un escenario de debate sobre el modelo económico y energético de la región.

En el escenario político, este conflicto reabre la discusión sobre el papel de la administración pública en la protección del sector minero y la necesidad de políticas que aseguren la supervivencia de las comunidades afectadas. La próxima legislatura será decisiva para definir el rumbo de estas reivindicaciones y la recuperación de las cuencas.

El futuro de la minería en Asturias dependerá de la voluntad política y de la eficacia en la aplicación de soluciones jurídicas y administrativas. La movilización de los mineros evidencia la urgencia de un cambio estructural que priorice los derechos laborales y el desarrollo sostenible de la región.

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