OVIEDO, 6 de octubre. El Partido Animalista (PACMA) ha interpuesto una denuncia criminal en el Juzgado de Guardia de Oviedo, dirigiéndose contra los redactores de los informes técnicos proporcionados por la Consejería de Medio Rural y Política Agraria del Principado de Asturias. Estos documentos fueron utilizados para respaldar la aprobación del Programa de Actuaciones de Control del Lobo para el periodo 2025-2026.

El PACMA argumenta que estos informes han servido para legitimar una decisión que permite la captura y el sacrificio de lobos en Asturias, a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que cualquier acción de este tipo infringe la normativa comunitaria mientras la especie mantenga una situación desfavorable.

La organización ecologista presenta esta acción legal como acusación popular y denuncia la existencia de posibles delitos relacionados con falsedad en el testimonio de peritos, conforme a los artículos 458 y 460 del Código Penal. Sostienen que los informes que fundamentan la estrategia autonómica podrían contener datos falsos o haber omitido información crucial sobre la situación del lobo ibérico, una especie catalogada por la UE como en situación desfavorable.

El PACMA resalta que estos datos, que se encuentran en los informes enviados por España a la Comisión Europea en el marco de la Directiva de Hábitats, son vinculantes desde un punto de vista legal y no pueden ser desestimados o alterados por la opinión de jueces o tribunales. La agrupación denuncia que esta situación no es simplemente un fallo técnico, sino una posible violación directa del Derecho comunitario, que explícitamente prohibe la captura o muerte de especies en peligro cuando su conservación es inadecuada.

Desde el partido animalista se argumenta que cualquier autorización de cacerías o cuotas de extracción carece de fundamento legal y podría constituir actos de prevaricación y falsedad en el testimonio de peritos. Ante esta situación, han solicitado al juzgado la suspensión inmediata de los efectos de la resolución que valida el plan de control, alegando que su implementación está causando «daños irreparables» tanto a la especie protegida como a la legislación medioambiental que actualmente se encuentra en vigor.

PACMA exige que se tomen medidas para determinar responsabilidades si se confirma que la administración asturiana ha utilizado informes falsificados o manipulados para justificar la muerte de lobos en la región.