Peláez desmiente a Vox sobre incidentes en Sograndio y denuncia intento de alarmismo político

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, ha aclarado que en el Centro de Responsabilidad Penal de Menores de Sograndio no se produjo ningún motín ni fuga desde el 1 de octubre, contrariamente a las acusaciones de Vox. Esta declaración llega en un contexto de tensión política, donde el partido de extrema derecha busca criticar la gestión del centro.

El debate se enmarca en la lucha por la opinión pública respecto a la seguridad y la gestión de recursos en instituciones judiciales y socioeducativas. Las acusaciones de Vox, que sugieren un problema grave en el centro, han sido calificadas por Peláez como una estrategia para generar alarma y buscar una privatización del recurso. La oposición del Gobierno regional busca mantener la estabilidad y la confianza en su gestión en un escenario marcado por enfrentamientos políticos.

Desde el Ejecutivo asturiano, se insiste en que el incidente mencionado fue un altercado controlado en minutos por el personal de seguridad y sin intervención de las fuerzas de seguridad externas. Además, se destaca que Sograndio cumple con su función judicial y socioeducativa, atendiendo a menores con perfiles complejos, incluyendo casos con problemas de salud mental y antecedentes delictivos.

El trasfondo político revela una estrategia de Vox para posicionarse en la agenda de seguridad y gestión penitenciaria, aprovechando situaciones internas para cuestionar la labor del gobierno autonómico. La polémica refleja las tensiones en torno a la política de menores infractores y la gestión de recursos públicos en la comunidad, en un momento donde la política regional prioriza reformas en estos centros.

Analistas consideran que estas acusaciones se inscriben en un contexto de polarización política, donde la oposición busca desgastar al Ejecutivo mediante polémicas. La administración regional, por su parte, mantiene su postura de transparencia y gestión adecuada, intentando desactivar las críticas mediante datos y hechos verificables.

De cara al futuro, se anticipa que la polémica podría intensificarse, con posibles revisiones de las condiciones del centro y debates sobre la política de menores en Asturias. La respuesta del gobierno regional será clave para mantener la estabilidad institucional y la confianza en sus políticas públicas.