OVIEDO, 10 de noviembre. El consejero de Hacienda y portavoz del Gobierno del Principado de Asturias, Guillermo Peláez, ha reafirmado en el día de hoy la posición firme del Ejecutivo regional respecto a la eliminación del peaje en la autopista Huerna (AP-66). Esta postura se basa en criterios jurídicos y, si es necesario, se considerará recurrir por la vía administrativa y judicial, justo un año después del deslizamiento de tierra que interrumpió el tráfico en la AP-66.

Peláez ha destacado que el consejero de Movilidad está al frente de los esfuerzos de la Alianza por las Infraestructuras, y ha estado trabajando en un recurso administrativo que busca la nulidad, el cual, en caso de ser denegado, abriría la puerta a procedimientos judiciales contencioso-administrativos.

Respondiendo a las preguntas de los medios, Peláez ha admitido los retos que conllevan las obras en la infraestructura y espera que se ejecuten de manera ágil para restaurar la normalidad en la autopista lo más pronto posible.

El pasado 10 de noviembre de 2022, a las 10:05 horas, un deslizamiento en un talud en el kilómetro 75 de la AP-66 causó la interrupción del tráfico en ambas direcciones.

El 27 de noviembre de ese mismo año, a las 20:00 horas, el tráfico fue reabierto en ambas direcciones mediante un desvío habilitado con barreras de seguridad, después de que se construyera un nuevo trazado en la zona. Este proceso requirió unas importantes labores de movimiento de tierras y la realización de voladuras, las cuales se llevaron a cabo de forma continua para cumplir con el plan de acción.

El 19 de mayo, el Consejo de Administración de Aucalsa adjudicó las obras de restauración del talud, ascendiendo a 7.513.309 euros, a la empresa Luperlan Tunneling, con un tiempo estimado de ejecución de 15 meses, tras obtener las autorizaciones necesarias del Ministerio de Transportes.

Recientemente, el Tribunal Supremo ha emitido una sentencia que establece que las autopistas no tienen el derecho de cobrar peajes completos a los usuarios si el servicio se ve afectado por obras en la infraestructura.

Dicha resolución se deriva de un caso en el que se dio la razón a los usuarios de la AP-9, obligando a la concesionaria, Autopistas del Atlántico (Audasa), a devolver las tarifas de peaje cobradas en situaciones en las que las obras impactaron la fluidez del tráfico.

La decisión del Supremo respalda la posición del juzgado de primera instancia, que había sido revocada anteriormente por la Audiencia Provincial de Pontevedra. Posteriormente, el Ministerio Fiscal presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, al que se sumaron los perjudicados, agrupados en la asociación En-Colectivo y representados por el bufete BGI LAW.

El fallo condena a Audasa a poner fin a la práctica abusiva de cobrar peajes completos a los usuarios en situaciones de incidencias, a menos que se les haya proporcionado información suficiente sobre el estado de la vía por anticipado, permitiendo que los usuarios opten por no ingresar o desviarse antes de llegar a la sección afectada.

Además, la sentencia obliga a Audasa a restituir a aquellos usuarios que hayan circulado por el tramo afectado el importe del peaje cobrado, sumando los intereses legales desde la fecha de cada pago.

Desde el despacho BGI LAW destacan que todos los clientes que hayan tenido problemas y conserven el recibo pueden solicitar ser reconocidos como beneficiarios de la condena, incluso si no formaron parte de la acusación.

Asimismo, el despacho subraya que esta sentencia establece un precedente legal, indicando que cualquier obra realizada en una infraestructura que continúe ofreciendo servicio no podrá exigir peajes si esas obras impactan en la calidad del mismo.