Preocupación en Conceyu por aprobaciones del Principado para incineradora en La Pereda.

OVIEDO, 28 de marzo.

La organización Conceyu contra la Incineración ha publicado un comunicado en el que expresa su rechazo a la reciente decisión del Gobierno asturiano, que ha otorgado a la empresa pública Hunosa las autorizaciones necesarias para iniciar la transformación de la central térmica de La Pereda, ubicada en Mieres.

En sus declaraciones, la plataforma ha catalogado como "sorprendente" el hecho de que la noticia se haya hecho pública un viernes a las 14:30 horas, lo cual, según ellos, parece un intento deliberado de restar importancia a la sentencia judicial que anuló previamente la modificación de la autorización ambiental.

Desde Conceyu, consideran que el gobierno no ha ponderado adecuadamente los problemas fundamentales que esta autorización encierran, argumentando que su actitud convierte la evaluación de impacto ambiental en un mero formulario sin valor real. Además, han denunciado la falta de un proceso adecuado de información pública y participación ciudadana, que debería ser un requisito esencial.

La crítica se extiende al Ejecutivo asturiano y a Hunosa por "avanzar sin considerar los problemas de fondo". La plataforma sostiene que la nueva autorización no aporta mucho al Principado, que debería ser el garante de la legalidad en esta materia.

Asimismo, enfatizan que la autorización no aborda ninguna de las cuestiones planteadas en la sentencia y destacan que la incineración de residuos y biomasa representa una nueva actividad para la central térmica, en lugar de una modificación sustancial, como intentó justificar Hunosa. Este proceso, afirman, se denomina coincineración.

Conceyu contra la Incineración reitera su compromiso de luchar contra la incineración de basura en Asturias y hace un llamado a los partidos políticos y al gobierno regional para que busquen soluciones modernas y sostenibles para la gestión de residuos.

Finalmente, la organización expresa su indignación ante lo que consideran una falta de acción durante décadas. Argumentan que esto los ha llevado a estar muy alejados de los objetivos legales de reciclaje, mientras que un Plan de Residuos ha caducado, y advierten que no se puede permitir que los errores de gestión se solucionen a expensas de la salud de la comunidad y del medio ambiente.