Rechazo a nuevas comparecencias en comisión sobre el accidente de Cerredo

La comisión de investigación sobre el accidente de Cerredo, ocurrido en marzo de 2023, mantiene sus plazos y rechaza solicitar más comparecencias. La decisión se tomó tras una sesión a puerta cerrada en la que los representantes políticos votaron en contra de reabrir el proceso de comparecencias y ampliar la documentación solicitada. La mayoría parlamentaria, formada por PSOE y Convocatoria-IU, consideró que las comparecencias previas y los informes escritos aportaban suficiente información para la elaboración del dictamen final.

El accidente en la mina de Degaña dejó cinco mineros fallecidos y cuatro heridos, causando gran conmoción en las comunidades mineras asturianas y leonesas. La investigación, que lleva más de un año en curso, incluye análisis técnico y político, centrados en las responsabilidades y en la gestión del riesgo laboral en el sector minero. La decisión de mantener los plazos responde, según la presidenta de la comisión, Covadonga Tomé, a la necesidad de concluir el informe sin dilaciones excesivas.

La postura del bloque de la oposición, especialmente del PP, ha sido de crítica. El diputado Rafael Alonso lamentó lo que calificó como un «empecinamiento» de la izquierda en cerrar la investigación, y acusó al Gobierno de bloquear la transparencia. Vox y Foro Asturias también expresaron su desacuerdo, apuntando a posibles lagunas en los documentos y a la supuesta ocultación de información relevante por parte del Ejecutivo.

La controversia refleja el trasfondo político en torno a la gestión del accidente y la responsabilidad del Gobierno regional, en particular del presidente Adrián Barbón. La oposición vincula la decisión de no ampliar las comparecencias con intereses políticos que buscan proteger a figuras del Ejecutivo y evitar responsabilidades. La investigación continuará con el plazo establecido, y el dictamen final se prevé para finales de mayo, con la posibilidad de incorporar aportaciones de los diferentes grupos.

En el contexto más amplio, el suceso de Cerredo subraya los desafíos en seguridad laboral en el sector minero asturiano y las tensiones políticas que rodean a la gestión de tragedias laborales. La comunidad espera que el informe sirva para esclarecer responsabilidades y potenciar medidas preventivas, en un sector que sigue siendo clave para la economía y el empleo en la región. La resolución del proceso será un indicador de la voluntad política para afrontar la verdad y mejorar la seguridad en el futuro.