Retiro de 9,5 millones del PDR de Asturias genera polémica en el sector agrícola

El Ministerio de Agricultura ha reasignado 9,5 millones de euros del Plan de Desarrollo Rural (PDR) de Asturias, afectando directamente a los fondos destinados al sector agrario en 2023. Esta cantidad, la más significativa retirada en la comunidad, ha sido redistribuida a otras regiones mediante un mecanismo de compensación por buena ejecución, según la resolución del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).

Asturias es la comunidad más afectada, seguida por Canarias, tras la liberación de compromisos de la anualidad 2023. La decisión busca, en teoría, optimizar la gestión de fondos europeos, pero ha generado rechazo en sectores agrícolas y organizaciones como Usaga. La organización denuncia que la medida perjudica la ejecución de proyectos y genera inseguridad jurídica.

El contexto político revela tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas, en un momento en el que la gestión de fondos europeos es un asunto clave para el desarrollo rural. La Administración asturiana mantiene un litigio por parte del dinero retirado, aunque ya habría ejecutado una parte del mismo, dejando en duda la recuperación total de los fondos.

Desde Usaga y otros actores del sector agrícola advierten que esta «chapuza» puede trasladarse a los agricultores, que ya han recibido ayudas, y que la solución definitiva requerirá recursos extraordinarios. La organización pide que no se exija la devolución de ayudas ya abonadas y que se busquen soluciones para proteger la economía rural.

El futuro del Plan de Desarrollo Rural de Asturias dependerá de la capacidad del Gobierno autonómico para gestionar estos fondos y negociarlos con el Estado. La situación refleja las dificultades en la coordinación de fondos europeos y la necesidad de mayor transparencia y planificación para evitar perjuicios al sector agrícola asturiano.