En la capital española, Madrid, el 19 de enero, la industria de defensa se encuentra en el centro de una controversia significativa. Santa Bárbara Sistemas ha decidido iniciar esta semana los trámites necesarios ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), con el fin de presentar un recurso de alzada. Este paso se produce en respuesta a la reciente adjudicación de dos importantes contratos de artillería a la unión temporal de empresas (UTE) conformada por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), los cuales ascienden a un total de 7.240 millones de euros.

La acción legal de Santa Bárbara se deriva de un recurso contencioso-administrativo previamente presentado ante el Tribunal Supremo, en el que busca frenar la concesión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a cero por ciento de interés para la UTE, correspondientes a dos de los programas clave en la estrategia de modernización militar del país.

El director general de Santa Bárbara Sistemas, Alejandro Page, afirmó en una reciente reunión con medios de comunicación que este recurso relacionado con los préstamos está estrechamente conectado con la intención de impugnar la adjudicación de los contratos. "Debemos seguir el procedimiento, aunque nuestro objetivo es encontrar un entendimiento y podría haber espacio para levantar este conflicto", destacó Page, dejando claro su deseo de solucionar la situación de manera amistosa.

A pesar de su disposición a alcanzar un acuerdo, Page también reconoció que la falta de opciones disponibles los ha llevado a esta decisión. "Es cierto que posiblemente hemos cometido errores, pero se han hecho esfuerzos significativos para llegar a un acuerdo”, expresó el director general, enfatizando la dificultad del entorno actual.

Según fuentes cercanas al proceso, a pesar de la apertura de Santa Bárbara hacia un posible entendimiento, los trámites ante el TARC se llevarán a cabo esta misma semana, marcando un hito en la disputa legal.

En este contexto, Page dejó claro que Santa Bárbara Sistemas, bajo la propiedad de General Dynamics European Land Systems (GDELS), es la única empresa en España con capacidad inmediata para fabricar los obuses que han sido adjudicados a Indra y Escribano. Asimismo, lamentó la falta de invitación para que su compañía participara en el proceso de licitación, lo que plantea serias dudas sobre la equidad en el mismo.