OVIEDO, 26 de agosto.

La Fiscalía de Gijón ha requerido penas que alcanzan un total de 10 años y medio de cárcel para un individuo acusado de grabar a mujeres mientras se duchaban en las instalaciones de un centro social en Gijón. Este hombre, que ya había sido condenado anteriormente en 2022 por delitos similares, se enfrenta a nuevas acusaciones presentadas por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el acusado, nacido en 1983, utilizó un teléfono móvil oculto dentro de una mochila para registrar las imágenes de las mujeres en la zona de baños femeninos del centro social, que se encarga de asistir a individuos adultos en riesgo de exclusión social. La mochila fue disimulada en el suelo para no ser detectada y el móvil camuflado con elementos como una malla y cinta aislante.

Una vez colocada la mochila en su lugar, el acusado activó la cámara de su teléfono con el fin de capturar imágenes de las mujeres en la ducha. Durante ese día, logró grabar a una mujer completamente desnuda y luego, aprovechando un momento propicio, se llevó la mochila y guardó la grabación en su dispositivo.

Al día siguiente, repitió la acción y volvió a hacerlo el 1 de noviembre, capturando imágenes de una mujer en cada ocasión mientras ambas utilizaban las duchas. El acusado mantuvo estas grabaciones hasta que, el 12 de noviembre, extravió el teléfono en la calle, lo que llevó a la intervención de la Policía, que confiscó el dispositivo y descubrió el contenido incriminatorio.

La Fiscalía califica los actos del imputado como tres delitos de descubrimiento y revelación de secretos conforme al artículo 197.1 del Código Penal, añadiendo la circunstancia agravante de reincidencia. La acusación solicita que el acusado sea condenado a 3 años y 6 meses por cada delito, además de una inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena, y una multa de 20 meses con una cuota diaria de 5 euros, con la advertencia de un día de prisión por cada dos cuotas impagadas.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía pretende que el acusado compense a dos de las víctimas con 2.000 euros cada una, además de los intereses legales correspondientes. Por su parte, la tercera mujer ha decidido no reclamar ninguna indemnización que le pudiera corresponder.