Stop Baterías exige distancias de seguridad inamovibles en parques de baterías en Asturias

La Plataforma Stop Baterías ha solicitado al Gobierno del Principado que establezca distancias de seguridad obligatorias e inalterables para todos los proyectos de parques de baterías. La propuesta busca garantizar igualdad y protección para toda la ciudadanía, especialmente los residentes en zonas cercanas a suelos industriales. La petición responde a la publicación de las Directrices Sectoriales, que dejan en manos de los ayuntamientos la autorización y fijan distancias según análisis de riesgos específicos.

El colectivo insiste en que estas medidas deben aplicar a todo tipo de suelos, incluyendo áreas industriales y degradadas, evitando así un posible doble estándar que favorezca ciertos intereses en detrimento de la seguridad pública. La propuesta contempla distancias mínimas de 1.000 metros respecto a núcleos rurales y residencias, 500 metros para viviendas aisladas y explotaciones ganaderas, y 200 metros para áreas recreativas y caminos públicos.

El documento que regula la implantación de estas instalaciones ha generado preocupación entre los defensores de la protección ambiental y social. Consideran que permitir que se evalúe la reducción de distancias en cada proyecto particular podría poner en riesgo a la población en caso de accidentes o incendios, por lo que reclaman una normativa clara y homogénea.

Desde el contexto político, la iniciativa refleja la tensión entre el impulso de energías renovables y la protección social y ambiental. La regulación en esta materia ha sido un tema de debate en la legislatura autonómica, con distintos actores políticos y sectores económicos defendiendo diferentes enfoques. La postura de Stop Baterías busca influir en las decisiones regulatorias que todavía están en proceso de definición.

El futuro de estos proyectos en Asturias dependerá del equilibrio entre la promoción de energías limpias y la garantía de seguridad ciudadana. La presión de plataformas como Stop Baterías puede marcar el rumbo de las futuras normativas, buscando mayor protección y criterios homogéneos en toda la comunidad.