OVIEDO, 16 de abril. La Unión de Consumidores de Asturias (UCE) ha lanzado un llamado este miércoles al sector del turismo en Asturias, instando a una "moderación" en los precios. Esta región se encuentra entre las más afectadas por un notable aumento de costes, superando el índice de precios al consumidor (IPC), según ha expuesto Dacio Alonso, presidente de la organización. Durante esta jornada, también ha querido recordar a los consumidores sus derechos en la víspera de las vacaciones de Semana Santa.

En una conferencia de prensa, Alonso dirigió su mensaje principalmente a la hostelería y restauración, instando a estos sectores a no aprovecharse de la creciente demanda en Asturias para aumentar desmesuradamente los precios. Alertó que, de continuar esta tendencia al alza, se podría poner en riesgo una de las principales fuentes de ingresos del sector.

El presidente de la UCE también enfatizó la relevancia de que los consumidores sean conscientes de sus derechos en el ámbito turístico, especialmente con el aumento de viajes y contrataciones que trae consigo la Semana Santa. “No podemos aceptar pasivamente cuando se trata de nuestros derechos, ni de nuestra economía”, manifestó, subrayando la necesidad de actuar frente a prácticas abusivas y recordar que presentar reclamaciones es esencial para mejorar la calidad del servicio.

En esta línea, Alonso hizo referencia a la reciente multa de 150 millones de euros impuesta a varias aerolíneas, incluyendo Ryanair y Vueling, por cargos indebidos por equipaje de mano. A pesar de esta sanción, las compañías continúan aplicando las mismas prácticas, lo que lleva a Alonso a advertir que, aunque las multas sean confirmadas por los tribunales, eso no asegura que los consumidores recuperen su dinero. Por ello, alentó a los clientes a efectuar reclamaciones individuales, dado que la única forma de garantizar la devolución es mediante sentencias que lo ordenen.

Asimismo, el presidente destacó el escaso número de reclamaciones que se realizan por parte de los pasajeros aéreos. “Apenas el 3% de aquellos que sufren cancelaciones, retrasos o overbooking realizan una reclamación”, apuntó, a pesar de que las compensaciones pueden oscilar entre 250 y 600 euros por situaciones de retraso prolongado o cancelación.

En respuesta a estas preocupaciones, la UCE ha difundido un decálogo de derechos del consumidor para las vacaciones, que incluye aspectos que van desde el transporte hasta el alojamiento y la protección de datos. Entre las normativas mencionadas, se destaca que los establecimientos deben ofrecer "agua del grifo gratuita", exhibir los menús y precios en el exterior, y tener hojas de reclamación accesibles y visibles para los clientes.

Finalmente, Alonso advirtió sobre las plataformas que solicitan "documentación no obligatoria", como copias personales, lo que podría constituir una infracción. Citó también la reciente sanción de 75.000 euros a Airbnb por violaciones graves del Reglamento General de Protección de Datos, al recolectar información "excesiva" de los usuarios.