OVIEDO, 8 de abril. En una contundente intervención, Gonzalo Centeno, representante del partido Vox en la Junta General del Principado, ha criticado duramente al Gobierno asturiano, acusándolo de inacción durante los últimos tres años en la localidad de Degaña, especialmente tras el trágico accidente en una mina en 2022. Centeno sostiene que tanto la Guardia Civil como funcionarios de la Dirección General de Minería advirtieron sobre la extracción ilegal de carbón en esta zona, una situación que ha permanecido sin respuesta.

Centeno hace referencia al lamentable incidente ocurrido en agosto de 2022, donde un operario perdió la vida y otro sufrió la amputación de una pierna tras un accidente relacionado con las operaciones mineras. Durante la investigación, se descubrió que se estaba llevando a cabo extracción ilegal de carbón, un hecho que fue corroborado por los informes de la Guardia Civil y otros funcionarios. A lo largo de 2023, se presentaron denuncias sobre la falta de medidas de seguridad en esta mina, llegando incluso a la Comisión de Seguridad Minera, donde Belarmina Díaz, entonces Directora General de Industria y Minería, ocupaba el cargo de vicepresidenta.

En su exposición, Centeno también señala un anónimo recibido por el Servicio de Atención Ciudadana en octubre de 2023, que alertaba sobre una nueva explotación no autorizada de la mina, operando sin las medidas de seguridad necesarias. A pesar de la gravedad de la denuncia, la Dirección General de Minas, bajo el mando de Belarmina Díaz, otorgó permisos a la nueva empresa Blue Solving para investigar la conversión del carbón en grafito y para llevar a cabo la retirada de desechos en la mina.

La situación se complicó más aún cuando, el 14 de marzo de 2025, la empresa Promining SA hizo una denuncia formal acerca de la anulación del permiso de investigación otorgado a Blue Solving. Apenas dos semanas después, el 31 de marzo, se produjo una explosión en la mina de Cerredo, resultando en la trágica muerte de cinco mineros. Según Centeno, aunque la responsabilidad penal puede recaer en los administradores de las sociedades involucradas, hay una evidente responsabilidad política en este asunto que los socialistas asturianos se niegan a reconocer.

Para González Centeno, las circunstancias son claras y exigen rendición de cuentas. Afirma que, por más que se intenten hacer bien las cosas, cuando la muerte de varios individuos ocurre bajo la supervisión de quienes deberían garantizar la seguridad, la respuesta lógica y ética sería pedir disculpas y dimitir. En vista de estos eventos, Centeno ha subrayado que su partido insistirá en la creación de una Comisión de Investigación en la Junta General, con el objetivo de esclarecer las circunstancias detrás de este caso que ha causado tanto sufrimiento y dolor, además de evidentes dudas sobre la administración del Gobierno socialista de Adrián Barbón.