Vox denuncia inconstitucionalidad en medida de intervención en viviendas del Principado

El diputado de Vox en la Junta General de Asturias, Javier Jové, ha señalado que la medida del Gobierno autonómico de introducir el derecho de tanteo y retracto en zonas tensionadas es "claramente inconstitucional". La propuesta forma parte del proyecto de ley de Ordenación Integral del Territorio de Asturias (Loita) y busca permitir a la administración autonómica intervenir en transacciones inmobiliarias en áreas calificadas como tensionadas.

El contexto político en Asturias está marcado por tensiones entre el Ejecutivo regional, liderado por el PSOE, y los partidos de oposición. La iniciativa surge en un momento en que el Gobierno pretende regular el mercado de vivienda para frenar la escalada de precios y limitar la compra por inversores en zonas específicas. Sin embargo, las críticas apuntan a que la medida podría vulnerar derechos constitucionales y desalentar la inversión privada.

Desde Vox, se advierte que esta política puede reducir la inversión en rehabilitación y oferta de viviendas, además de provocar inseguridad jurídica. Jové ha alertado también sobre posibles recursos judiciales que retrasarían la implementación de la norma y sobre un impacto negativo en la economía inmobiliaria de la región.

El trasfondo político refleja una disputa sobre la gestión del mercado de vivienda en Asturias. Mientras el Gobierno promueve medidas restrictivas, la oposición y sectores económicos temen una repercusión negativa en la inversión y en la recuperación del parque residencial.

El futuro de la iniciativa legislativa dependerá del trámite parlamentario y de posibles recursos judiciales. La oposición, con Vox a la cabeza, ha manifestado que la incluirá en su lista de leyes que consideran inconstitucionales y que buscará derogar si llega a aprobarse.

En el escenario actual, la tensión política en torno a la vivienda en Asturias ejemplifica el debate sobre el papel del Estado en el mercado inmobiliario y la protección del derecho de propiedad. La evolución de esta medida puede influir en la política autonómica y en la inversión privada en los próximos meses.