Vox presenta enmienda que rechaza la ley de consumo en Asturias por motivos ideológicos.

OVIEDO, 24 de marzo.

El Grupo Parlamentario de Vox en la Junta General del Principado de Asturias ha tomado la decisión de presentar una enmienda a la totalidad con respecto a la nueva ley de consumo, argumentando que la propuesta es "ideológica, excesivamente intervencionista y nociva tanto para las empresas como para los consumidores".

En un comunicado, el diputado Javier Jové manifestó que su formación ha optado por devolver la iniciativa al Consejo de Gobierno, destacando que, en lugar de buscar una adaptación de la normativa actual, se persigue la creación de un marco completamente distinto que, según él, responde a los intereses de "la izquierda radical". Jové subrayó que el verdadero propósito de esta legislación no es la protección del consumidor, sino interferir en la vida cotidiana de los asturianos, modificar hábitos de compra e imponer una agenda ideológica.

El parlamentario de Vox no dudó en calificar la propuesta de "ley comunista de consumo" como una contradicción, afirmando que en contextos donde el comunismo tiene control, los derechos de los consumidores son reemplazados por racionamientos y decisiones impositoras sobre lo que deben consumir y en qué cantidad.

En su intervención, Jové advirtió que una gran parte del proyecto se orienta hacia el establecimiento de un régimen sancionador, sugiriendo que esto indica una intención de “vigilar, sancionar y controlar” en lugar de salvar al consumidor. Esto, según su análisis, generará mayores costos para empresas, pequeñas y medianas empresas (pymes), así como autónomos, incrementando las cargas burocráticas y, por ende, elevando los precios para los consumidores, quienes verán su capacidad de compra reducida.

Además, el grupo de Vox critica que la medida introduce conceptos ideológicos como "consumo responsable y sostenible", así como la inclusión de estos temas en la educación. Califican esto como un intento de ingeniería social que se aleja completamente de la verdadera protección contra abusos o fraudes en el ámbito del consumo.

Junto a estos argumentos, la formación cuestiona la seguridad jurídica del proyecto, señalando preocupaciones sobre invasiones a competencias establecidas en las normativas estatal y europea, y el riesgo de que se utilice la ley para forzar la promoción de la llingua, un tema ajeno a la cuestión del consumo.

Desde Vox, se hace hincapié en que Asturias ya dispone de un marco regulador suficiente en materia de consumo a nivel nacional y europeo, concluyendo que esta nueva ley no solo resulta innecesaria, sino que podría ser incluso contraproducente.