La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, ha enviado una carta a la asociación para la normalización del gallego de Asturias, Axuntar, comunicando que los asturianos que hablen gallego podrán hacerlo en la Cámara Baja, ya que es una lengua oficial del Estado.
Según informa Axuntar en un comunicado, en septiembre se dirigieron a todos los grupos del Congreso, excepto a Vox, para plantear una serie de demandas. Entre ellas, destacaban la necesidad de que se reconozca el valor del gallego como una de las lenguas propias de Asturias.
Además, pedían que el Congreso tome medidas para dignificar, conservar y promover el uso del gallego, así como evitar secesiones lingüísticas utilizando términos como "eonaviego", que ocultan el hecho de que muchos asturianos hablan gallego.
Axuntar se muestra satisfecha con la respuesta de la presidenta del Congreso, resaltando que aunque el gallego no sea oficial en Asturias, podrá utilizarse en la Cámara Baja. Según la asociación, el gallego es la lengua propia de alrededor de 40.000 asturianos que viven en la comarca del Eo-Navia, así como en otras zonas de la comunidad autónoma y del resto del mundo debido al éxodo poblacional del occidente asturiano.
En su carta, Armengol destaca que el avance hacia el plurilingüismo permitirá a los representantes de Galicia y Asturias expresarse en gallego tanto por escrito como oralmente en sus intervenciones en la cámara. Asimismo, los ciudadanos podrán escuchar o leer en gallego a sus representantes.
La presidenta del Congreso hace hincapié en que las lenguas no deben ser motivo de confrontación, sino herramientas para el diálogo. Desde su posición, no fomentará controversias ni debates irreales sobre la riqueza que compartimos. En su lugar, se interesa por participar en iniciativas que promuevan el conocimiento y difusión de las lenguas tanto dentro como fuera de su ámbito lingüístico.
Armengol también afirma que uno de los objetivos al favorecer y normalizar el uso de las lenguas oficiales en el Congreso es reconocer la diversidad del Estado como fuente de riqueza. La Constitución española, en su artículo tercero, establece que las lenguas de España constituyen una riqueza que debe ser respetada y protegida.