OVIEDO, 23 de noviembre.

La Fundación Adecco ha dado a conocer la 13ª edición de su informe sobre la Violencia de Género y Empleo, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Este estudio, basado en una muestra de 490 mujeres, pone de relieve que el desempleo agrava la situación de vulnerabilidad entre las afectadas. Un 53% de las participantes en la encuesta señala que la búsqueda de empleo es esencial para lograr su independencia y recuperación, mientras que un 47% ya se encuentra trabajando.

En el año 2024, España registró un total de 199.094 denuncias por violencia de género, cifra que se mantiene comparable a la del año anterior, 199.282, lo que representa un promedio de 544 denuncias diarias. Este estancamiento, tras varios años de aumentos constantes, sugiere una fase de consolidación en la denuncia y visibilización de la violencia de género.

En Asturias, las denuncias alcanzaron un máximo histórico en 2024 con un total de 3.505, lo que equivale a cerca de 9,6 denuncias diarias, representando el 2% de todas las denuncias a nivel nacional.

En términos de comunidades autónomas, Andalucía lidera en la cantidad de denuncias por violencia de género, con 40.168 casos (20,2%), seguida por la Comunidad de Madrid (16,1%), la Comunidad Valenciana (13,9%) y Cataluña (12,8%).

A pesar de que muchas comunidades presentan un leve descenso en las denuncias, en el Principado de Asturias se ha observado un aumento del 1,9%, lo que representa el nivel más alto hasta ahora. Este crecimiento podría indicar una mayor disposición a denunciar o una señal de que el problema socio-familiar persiste con gran fuerza.

Además de Asturias, otras regiones también han reportado un incremento en las denuncias, siendo Navarra la que más ha crecido, con un aumento del 26,4% en comparación con 2023. Le siguen la Comunidad de Madrid (+6,5%), Castilla-La Mancha (+2,9%), País Vasco (+2,5%) y Cataluña (+2,16%). Estos aumentos podrían también estar vinculados a una mejor sensibilización y confianza en las instituciones, así como a la urbanización que facilita el acceso a servicios de apoyo.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay actualmente 34.684 mujeres registradas como víctimas de violencia de género que cuentan con órdenes de protección o medidas cautelares. Aunque esta cifra muestra una ligera disminución tras un largo periodo de incremento desde 2019, sigue siendo un 9% más alta que la de aquel año, lo que evidencia la persistencia del problema en nuestra sociedad. Aproximadamente el 47,7% de las víctimas en 2024 se encuentra en la franja de edad de 30 a 44 años, un periodo asociado a la plena actividad laboral y en el que a menudo se comparten responsabilidades familiares.

En 2024, se registraron 1.758 menores como víctimas indirectas de violencia de género, correspondiendo a aquellos casos donde se dictaron órdenes de protección o medidas cautelares.

Un alarmante 67,8% de las mujeres encuestadas no contaba con empleo en el momento en que comenzaron a sufrir las agresiones, lo que pone de manifiesto que la falta de independencia económica, recursos propios y autoestima dificulta la detección temprana, la denuncia y la ruptura del ciclo de violencia.

Esta vulnerabilidad tiene un impacto notable en el bienestar emocional. Según el informe, el 91% de las mujeres asegura que, al carecer de trabajo, se sienten más dependientes y aisladas. La falta de empleo puede entorpecer su capacidad para salir de situaciones violentas, intensificando su sensación de inseguridad y exclusión social. En contraposición, el empleo se presenta como un “factor clave” que proporciona protección y empoderamiento, permitiendo a muchas mujeres romper el ciclo de la violencia.

Por otro lado, el trabajo se erige como un pilar de protección y resiliencia. Aunque tener un empleo no garantiza la eliminación de la violencia, sí ayuda a mitigar su impacto y a prevenir su repetición, tal como lo resalta la Fundación Adecco. Las mujeres que han accedido a un puesto de trabajo afirman que esta nueva etapa les ha generado un cambio significativo: el 72% considera que su empleo reduce la probabilidad de volver a enfrentar situaciones de violencia, además de proporcionarles mayor autoestima (87,5%), estabilidad económica (84,2%) y una red de contactos más amplia (69,1%).