OVIEDO, 2 de noviembre. El Principado de Asturias se encuentra en una insólita situación al no contar con un presidente para el Consejo de Transparencia, una vacante que ya acumula cuatro años y medio. La única persona que se presentó con la intención de ocupar el puesto se negó a aceptarlo debido a su demanda de que la sede del consejo se estableciera en Oviedo en lugar de en Avilés.

En abril de 2021, durante una sesión de la Junta General del Principado, José Manuel Fernández, el candidato que inicialmente parecía contar con el respaldo necesario, descalificó la idea de que la nueva institución se ubicara en Avilés, tildándola de una "ocurrencia". Fernández argumentó que su decisión se fundamentaba en razones de conciliación personal, lo que llevó a que la oportunidad de liderazgo se desvaneciera.

Desde este incidente, el cargo sigue sin ser cubierto y la ley de Transparencia, Buen Gobierno y Grupos de Interés, que fue aprobada en 2018, permanece en un estado de inacción, lo que pone en entredicho el compromiso del gobierno asturiano con la transparencia y la lucha contra la corrupción.

El tema será nuevamente abordado en el Parlamento asturiano en los próximos días, cuando la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, presente una moción que sigue a una interpelación realizada al consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, en la reciente sesión parlamentaria.

Hace unas semanas, Zapico comentó que tenía la esperanza de presentar en la Junta a finales de este año o principios del próximo una propuesta para la composición del Consejo de Transparencia. Además, aseguró que se está llevando a cabo una búsqueda activa de candidatos con un perfil de prestigio reconocido.

La moción que defenderá Covadonga Tomé, a la que ha tenido acceso Europa Press, pide al Gobierno asturiano que complete la elección de la presidencia del Consejo en el primer trimestre de 2026. También se solicita la creación de una Oficina de Buen Gobierno y Lucha contra la Corrupción, así como la adopción del Plan Estratégico de Transparencia y el Plan de Prevención de la Corrupción, todo para el primer semestre de 2026. Asimismo, se propone establecer el Registro de Grupos de Interés de carácter público en el mismo periodo.