El retraso en los pagos a proveedores por parte del Principado de Asturias ha sido significativo, con un tiempo medio de 30,78 días en octubre. Esta cifra supera la media de las comunidades autónomas, que se estableció en 27,48 días, evidenciando una gestión que podría considerarse deficiente en comparación con otras regiones del país.

El Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en el ámbito autonómico ha mostrado una ligera mejora, bajando hasta los 27,48 días en octubre. No obstante, seis comunidades, entre ellas Asturias, han rebasado el límite máximo estipulado de 30 días que marca la normativa vigente. Las cifras reflejan un panorama preocupante, con Baleares liderando esta lista con 46,25 días, seguida de Cantabria y Castilla y León, entre otras.

Por el contrario, Extremadura se posiciona como el modelo a seguir al contabilizar tan solo 13,44 días en sus pagos. Otras comunidades como Galicia y Canarias también se destacan por su eficiencia, con cifras de 16,95 y 18,05 días, respectivamente. Este informe, publicado por el Ministerio de Hacienda, pone de relieve las disparidades en el cumplimiento de los plazos de pago entre las distintas regiones de España.

El descenso de 0,15 días en el PMP de las autonomías en comparación con el mes anterior es un dato que, aunque positivo, debe ser tomado con cautela. La realidad es que la ratio de operaciones pagadas se ha elevado a 25,63 días, mientras que las operaciones que aún esperan pago se sitúan en 29,92 días, lo que genera incertidumbre entre los proveedores.

En un contexto más amplio, el tiempo medio de pago de la Administración central fue de 23,81 días, mientras que las entidades locales alcanzaron 23,73 días, representando una mejora notable de 4,45 días en comparación con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, los Fondos de la Seguridad Social han mantenido un PMP de 8,55 días, lo que también es un indicativo positivo dentro del complicado panorama administrativo.

La ratio de operaciones pagadas en la Administración central se ha fijado en 27,14 días, y las operaciones pendientes de pago oscilan en torno a 18,91 días. Estas cifras subrayan la importancia de una gestión eficiente en la administración pública, un aspecto que debería ser prioridad para todos los organismos gubernamentales si se quiere fomentar un entorno favorable para los proveedores y, por ende, para la economía en general.