En un reciente acto en Gijón, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha expresado su respaldo a la propuesta del Gobierno de España sobre la condonación de deuda que afectaría a la región asturiana, con una cifra que asciende a 1.508 millones de euros.

Barbón ha afirmado que no tiene intención de rechazar la oportunidad de sanear las cuentas públicas, mencionando que con esta medida se podría regresar a los niveles de deuda que Asturias experimentaba en 2011. Durante el evento organizado por el diario El Comercio, el líder regional subrayó la importancia de abordar esta cuestión de forma responsable.

El presidente ha manifestado su descontento con la idea original de que la reducción se basara en el Fondo de Liquidez Autonómica, dado que esto implicaría una merma de más de 600 millones de euros para Asturias, mientras que otras comunidades no tendrían que hacer frente a este tipo de recortes.

Asimismo, Barbón ha indicado que, en el contexto del acuerdo de financiación autonómica, la mayoría de las comunidades apoyaron la necesidad de revisar la deuda existente. En este sentido, reconoció que tiene un 75% de acuerdo con la propuesta de quita, aunque también hay aspectos que no comparte. Sin embargo, dejó claro que la condonación es una opción que se aceptará sin dudar.

El presidente asturiano hizo hincapié en la notable ventaja que representa una quita de 1.508 millones de euros, destacando que esto conllevaría una disminución de los intereses que Asturias debe pagar. También realizó una comparación con la situación de Andalucía, donde el gobierno ha rechazado una oferta de casi 19.000 millones en condonación, a pesar de que su presidente había insistido previamente en que se necesitaba un alivio de al menos 17.000 millones.

Barbón ha señalado que, según sus estimaciones, Asturias solo se situaría detrás de Canarias y Andalucía en cuanto al porcentaje de deuda que se condona. Sin embargo, expresó su deseo de que la población ajustada tuviera un mayor peso en la evaluación.

En su intervención, el presidente argumentó que esta condonación sería favorable no solo para Asturias, sino para todas las comunidades autónomas. Citó el caso de la Comunidad Valenciana, que se beneficiaría especialmente tras el impacto de la DANA.

Además, analizó la evolución de la deuda en relación con el PIB, que llegó a ser superior al 20%, y ahora se sitúa alrededor del 15%, con la esperanza de que, tras la quita, se reduzca a aproximadamente el 10%.

Afrontando las críticas sobre los riesgos de la condonación, Barbón reconoció que existen preocupaciones sobre un posible riesgo “moral” si las condonaciones se realizan sin criterios claros. Sin embargo, se mostró optimista, señalando que esta medida puede facilitar el retorno a los mercados de financiación a tasas más bajas, siempre que vaya acompañada de una reestructuración del modelo de financiación autonómica.

En relación al fondo de liquidez, Barbón explicó que la cancelación de deudas estatales es un procedimiento sencillo, ya que el Estado las contabiliza ante la UE. En contraste, la otra parte implica negociaciones más laboriosas con las comunidades autónomas y el Estado. No obstante, hizo hincapié en que la propuesta debe ser finalmente sometida a votación en el Congreso de los Diputados.

Barbón también destacó que la autonomía tendrá acceso a mayores recursos económicos, lo que fortalecerá su solvencia y facilitará la obtención de mejores tipos de interés en los mercados. Aclaró que, desde el punto de vista del ciudadano, la deuda debe ser vista como un asunto común del Estado.

Por último, el presidente asturiano cuestionó la afirmación de que la presión fiscal en Asturias es extremadamente alta, apoyándose en que el criterio de valoración de la quita de deuda tiene en cuenta este aspecto y que en Asturias este criterio no se compensa adecuadamente. Defendió que la presión fiscal para las clases medias y trabajadoras ha disminuido, estimando que las familias han ahorrado unos 70 millones de euros.

Sobre la cuestión de la ecotasa, Barbón subrayó que se está trabajando en los aspectos legales necesarios, aclarando que se trataría de una medida municipal y voluntaria que esperan implementar pronto, si bien reconoció que puede ser complicado lograrlo antes del verano.