La situación de la jubilación parcial en la Administración asturiana ha cobrado relevancia después de que CCOO Asturias denunciara que, debido a un decreto estatal aprobado en diciembre de 2023, esta opción se encuentra en un estado crítico. Según el portavoz del sindicato en la región, Marcos Rodríguez, la normativa establece que el puesto dejado por el trabajador que se jubila parcialmente debe ser cubierto por un empleado fijo, lo cual resulta impracticable ante la lentitud de los procesos de selección. Rodríguez enfatizó que la ineficiencia de la Administración en gestionar oposiciones en un plazo razonable, que supera los dos años, es el principal obstáculo.

Rodríguez aclaró que no hay un impedimento legal en sí, sino un fallo en la implementación. "La opción de jubilación parcial sigue existiendo, pero su aplicación se ve comprometida por la incapacidad administrativa para ponerla en práctica según lo establecido en el decreto", subrayó. De acuerdo con sus estimaciones, alrededor de 80 trabajadores al año podrían beneficiarse de este derecho, consagrado en el convenio colectivo desde 2005, que ya es disfrutado por 232 empleados.

Paula Álvarez, delegada sindical de Servicios Sociales, también se pronunció sobre la cuestión, destacando que el número de solicitudes denegadas contribuye a un "efecto tapón" que obstruye el relevo generacional en el sector público. CCOO ha señalado que actualmente existen al menos 30 solicitudes sin resolver en las distintas consejerías.

“Cada vez más trabajadores están viendo cómo se les niega su derecho a la jubilación parcial, que está incluida en nuestro convenio colectivo desde hace casi dos décadas”, afirmó Álvarez, añadiendo que los efectos son particularmente graves en sectores con alta presencia femenina y que requieren un esfuerzo físico considerable, como en el caso de las residencias de ancianos o centros para personas con discapacidad.

En una reciente rueda de prensa, el diputado de Sumar, Rafael Cofiño, se comprometió a llevar esta problemática al Congreso y al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública. Durante su intervención, criticó la gestión laboral del Partido Popular y defendió los logros del actual Gobierno en la reducción de la temporalidad en el empleo.

Cofiño recordó que bajo la administración de Mariano Rajoy se redujo en más de 2.000 millones de euros el presupuesto de educación pública y que un gran número de hogares se vio afectado por la pobreza energética. Además, resaltó que en 2017 España alcanzó una temporalidad laboral del 27%, doblando la media europea, y que el 93% de los contratos eran temporales frente a un 7% de indefinidos. Sin embargo, mencionó que en 2024, el 41% de los contratos firmados son ya indefinidos.

El diputado también criticó la reforma del PP de 2012, que, según él, limitó la jubilación parcial, y se comprometió a trabajar por la plena recuperación y efectividad de este derecho. Cofiño aseguró que buscará trasladar este problema al ministerio de Transformación Digital, Función Pública y a la Presidencia, reafirmando su disposición a realizar las gestiones necesarias en el Congreso para reivindicar la importancia actual de la jubilación parcial.