OVIEDO, 23 de mayo.

Un grupo de más de 100 directores de colegios públicos del Principado, principalmente de la región de Avilés y el occidente, se ha unido para expresar su preocupación sobre la calidad de la educación pública. Estas direcciones han decidido alzar la voz para exigir cambios significativos que refuercen las condiciones en las que se imparte la enseñanza.

Las cabezas de estas instituciones educativas han firmado un documento donde subrayan que sus demandas se fundamentan en el deseo de establecer una educación pública de calidad, lejos de cualquier agenda política. Afirman que este derecho debe estar garantizado para todo estudiante, sin distinción.

Entre las exigencias que han puesto sobre la mesa, destaca la necesidad de reducir las ratios de alumnos por aula, especialmente en los niveles de Educación Infantil. Además, solicitan la asignación de un tutor o tutora por cada grupo en Primaria, eludiendo que los especialistas desempeñen funciones de tutoría sin poder dedicarles el tiempo que merecen, así como la retribución de dietas para los profesores que acompañan a los estudiantes en excursiones o actividades educativas.

Otra de las peticiones es el reconocimiento de la carrera docente como un complemento no sujeto a revisión anual o a penalización por bajas laborales, así como la cobertura inmediata de las ausencias del profesorado.

Los directores también enfatizan que la estabilidad del personal docente es clave para fortalecer los proyectos educativos en los centros, haciendo hincapié en la necesidad de reducir la alta tasa de interinidad. Adicionalmente, solicitan mejoras en las remuneraciones, que consideran insuficientes en comparación con las que reciben los docentes en otras comunidades autónomas.

El manifiesto también aborda la diversidad del alumnado, instando a la Administración a establecer un marco regulador que garantice la inclusión. Esto implica criterios claros para la asignación de recursos y la atención especializada en áreas como la Pedagogía Terapéutica y la Audición y Lenguaje.

Los docentes han manifestado que la asignación de orientadores debe responder a las necesidades específicas de cada institución, y resaltan la importancia de restaurar el apoyo intensivo de pedagogos en los centros que lo requieran, dada la naturaleza del alumnado que atienden.

En el tema de la educación especial, se enfatiza la urgencia de un marco normativo que defina el papel de estos centros, aprovechando las oportunidades que presenta la legislación vigente para transformarlos en recursos de inclusión. Asimismo, exigen el reconocimiento adicional por el riesgo que asume el profesorado en estas instituciones, además de impulsar vías para que los estudiantes puedan obtener titulaciones y continuar su educación posterior en la enseñanza reglada.

Entre las numerosas demandas, también se mencionan las medidas de conciliación familiar y educativa, que los docentes consideran un derecho social que debe ser promovido por las empresas y administraciones. Insisten en que todas las familias asturianas deberían tener acceso igualitario a servicios como la atención temprana y actividades extraescolares, sin importar su lugar de residencia.

Por otra parte, expresan su descontento ante la reducción de competencias del Consejo Escolar en relación a las decisiones sobre la jornada escolar, recordando que en 2021 esta medida conllevó consecuencias negativas para los estudiantes. Aducen que otros territorios que inicialmente suprimieron la jornada reducida han optado por reintegrarla, tras observar los beneficios educativos que conlleva.

Finalmente, reclaman una definición clara respecto a la asignatura optativa de lengua asturiana en la educación infantil y la dotación del personal necesario para su correcta impartición, así como medidas que combatan la segregación escolar y aseguren un reparto más equitativo del alumnado vulnerable.

Los directores resaltan que los docentes son el único colectivo en el sistema educativo que, en su mayoría, no busca ascender a la dirección. Alrededor del 50% de las plazas directivas se quedan vacantes anualmente en Asturias, lo que se atribuye a la falta de apoyo institucional y a una deficiente comunicación por parte de la administración, que tiende a sobreponer sus iniciativas a las ya establecidas en los centros.

Por ende, exigen una verdadera autonomía pedagógica, capacitación específica para aquellos que asumen cargos de gestión y una clarificación de las funciones que desempeñan los directores, además de solicitar que la Consejería de Educación asuma el control del transporte escolar, entre otros asuntos concernientes a los equipos directivos.

Asimismo, piden una revisión de los modelos de concertación educativa y de las ratios en la enseñanza concertada, con el propósito de evitar el cierre de aulas en la educación pública y lograr una distribución más justa y equitativa del alumnado en todos los centros financiados con fondos públicos.