OVIEDO, 16 de junio. En un caso inquietante que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los menores frente a la delincuencia, la Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado una solicitud de ocho años de prisión contra un individuo acusado de suministrar cocaína y hachís a adolescentes en Avilés. La audiencia programada para este martes, 17 de junio, se llevará a cabo en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, ubicada en Oviedo, a las 11:30 horas.

Según el Ministerio Público, el acusado, de 34 años y originario de República Dominicana, inició sus actividades ilícitas en noviembre de 2021, facilitando a menores el acceso a estupefacientes, específicamente cocaína y hachís, tanto en su hogar en Avilés como en otros lugares. Este tipo de conducta despierta una preocupación legítima en la sociedad sobre la seguridad y salud de nuestros jóvenes.

El relato de los hechos revela que, aunque el acusado no utilizó a los menores para la distribución de las sustancias, la gravedad de su acción es innegable. En noviembre de 2021, se menciona que entregó 2 gramos de hachís a un menor de 14 años, hijo de su expareja, a pesar de estar al tanto de su edad y de su condición de hiperactividad, lo que le convierte en una persona especialmente vulnerable.

Las acciones del denunciado no se detuvieron ahí. El 15 de diciembre de 2021, proporcionó estupefacientes a dos amigos del niño, quienes tenían 15 años en ese momento. Estos menores consumieron tanto la cocaína como el hachís dentro de su hogar, lo cual supone un grave riesgo para su desarrollo físico y mental.

Más adelante, el 19 de diciembre de 2021, en la estación de tren de El Berrón, Siero, el acusado entregó marihuana a uno de los menores anteriormente mencionados. Este comportamiento delictivo pone de relieve la urgencia de abordar el tema de la seguridad y el bienestar de los menores en nuestra sociedad.

El acusado, que posee residencia permanente como familiar comunitario en España y está en proceso de obtener la nacionalidad, enfrenta hoy la justicia bajo cargos que constituyen un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que pueden causar un grave daño a la salud, especialmente cuando esto involucra la facilitación del consumo a personas menores de 18 años.

La Fiscalía ha presentado su argumento sosteniendo la necesidad de una condena que no solo repercuta en el acusado, sino que también sirva como un aviso a quienes puedan considerar involucrarse en este tipo de delitos. La solicitud incluye una condena a ocho años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la duración de la pena, así como el pago de las costas generadas.

En un contexto donde la protección de los menores es fundamental, la Fiscalía se sostiene firme en su postura. La ausencia de solicitud para la expulsión del territorio nacional del acusado responde a una necesidad de establecer un efecto disuasorio claro en la lucha contra los delitos relacionados con la salud pública.