OVIEDO, 4 de abril. Este viernes, un grupo de representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se ha manifestado frente a la Delegación del Gobierno de España en Asturias como parte de una serie de protestas organizadas en todo el territorio nacional. Su mensaje principal: exigir al Gobierno central que apruebe, a través de un decreto, un incremento salarial que fue prometido para el año anterior, así como la negociación de un nuevo pacto retributivo.

Los manifestantes también hacen hincapié en la necesidad de modificar las condiciones laborales de los empleados públicos en diversas áreas. Su esperanza es alcanzar un consenso con el Ministerio de Función Pública que resulte beneficioso para los trabajadores del sector.

El presidente de CSIF-Asturias, Sergio Fernández-Peña, ha criticado la postura del ministro Óscar López por vincular el aumento salarial a la aprobación de los presupuestos, cuando, según él, podría resolverse de forma inmediata "por decreto". Fernández-Peña ha recordado que esta situación se ha presentado en varias ocasiones en España y ha defendido que los pagos pueden llevarse a cabo sin dilaciones. “Relacionarnos ahora con los presupuestos es una falta de respeto”, agregó.

En sus comentarios a Europa Press, el líder sindical destacó que el Ejecutivo todavía debe concretar un aumento adicional del 0,5% para el año 2024 y abrir las negociaciones para un nuevo acuerdo salarial que beneficie a los servidores públicos.

Además, entre sus demandas figuran la actualización de los grupos profesionales y la creación de una nueva oferta de empleo público para 2025, que elimine la tasa de reposición, así como la implementación de una jornada laboral de 35 horas en el ámbito estatal. También reclaman la adopción de un sistema de carrera profesional en todas las administraciones junto con la promoción del teletrabajo.

Asimismo, exigen una equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, una mejora en las condiciones de jubilación tanto del Régimen General como de Clases Pasivas, y una regulación que permita a funcionarios y estatutarios acogerse a la jubilación parcial de manera ágil y efectiva.