Del Arco rechaza acusaciones de mala gestión en listas de espera y respalda el trabajo conjunto con los municipios.
OVIEDO, 26 de marzo. La titular de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar en el Principado de Asturias, Marta del Arco, ha desmentido categóricamente cualquier acusación de ineficacia en la administración de las listas de espera para las ayudas a la dependencia en la región.
Durante una sesión en el parlamento, en respuesta a las inquietudes planteadas por el secretario general de Foro Asturias, Adrián Pumares, Del Arco subrayó la relevancia de la cooperación con los gobiernos locales en este ámbito.
Pumares había criticado a la consejera, argumentando que estaba intentando traspasar su falta de gestión a las entidades locales a través del 'Plan Agiliza'. Además, recordó que varios municipios de diferentes colores políticos, tales como Oviedo, Gijón y Siero, han expresado sus objeciones al respecto.
En su defensa, Del Arco puntualizó que aunque la responsabilidad en materia de dependencia recae en el gobierno autonómico, la delegación de funciones a los ayuntamientos para la evaluación de la dependencia y la elaboración de planes individuales ha estado operativa desde el año 2020.
La consejera enfatizó que esta iniciativa es una acción complementaria que respalda el excelente trabajo que los profesionales del gobierno regional realizan diariamente. "Hemos establecido un sistema que ha demostrado ser eficaz y que atiende las necesidades locales de manera más directa", manifestó.
Además, explicó que la colaboración con los ayuntamientos facilita una mejor comprensión de las necesidades específicas de la población y minimiza los desplazamientos largos para los ciudadanos.
Del Arco anunció que se iniciará una serie de reuniones personalizadas con los diferentes ayuntamientos que han mostrado interés, independientemente de su afiliación política, para fortalecer esta colaboración.
Por otro lado, en el mismo contexto parlamentario, la propuesta de Vox para la implementación de medidas orientadas a la familia fue rechazada de forma unánime, con la excepción de los representantes del Partido Popular, quienes optaron por la abstención.