OVIEDO, 23 de mayo. La comisión de investigación parlamentaria sobre el trágico accidente en la Mina de Cerredo se ha reunido por primera vez este viernes. Bajo la dirección de la diputada Covadonga Tomé, del Grupo Mixto, se han abordado los detalles del plan de trabajo, aunque todavía está pendiente definir el orden de intervención de los diversos grupos. La próxima reunión para establecer este orden se llevará a cabo el martes 27 de mayo.

Durante esta reunión inicial, han surgido diferencias significativas entre los partidos en cuanto a los plazos para solicitar información relacionada con el accidente del 31 de marzo, que resultó en la muerte de cinco mineros y dejó a otros cuatro heridos. Estos desacuerdos también abarcan el tiempo que se requiere para determinar quiénes serán los llamados a comparecer ante la comisión.

Los partidos de la izquierda han defendido la idea de "solapar" los plazos de solicitud, mientras que los representantes de la derecha han hecho hincapié en la necesidad de establecer "plazos razonables y claros" para asegurar que se pueda recibir, analizar la información y, posteriormente, solicitar las comparecencias pertinentes.

Covadonga Tomé, presidenta de la comisión, ha manifestado al concluir la sesión a puerta cerrada que se busca trabajar con "rigor, transparencia y agilidad" para evitar que se aprovechen los tiempos o las acciones de la comisión con fines partidistas.

La comisión ha acordado los procedimientos para solicitar información y ha fijado un plazo máximo de doce meses para emitir un dictamen. Aunque se había propuesto inicialmente que el 30 de mayo de 2026 fuese la fecha límite para concluir el trabajo, se accedió a extender este plazo hasta el 30 de junio, en respuesta a una sugerencia de los grupos de la derecha.

Rafael Alonso, diputado del Partido Popular, ha calificado de "ilógico" el rechazo de los grupos de izquierda a la extensión de plazos para la obtención de información y comparecientes. “Hemos asistido al primer paso de un proceso que, presumo, estará marcado por la inercia del partido en el poder”, comentó con descontento.

Alonso también ha expresado su preocupación sobre la posibilidad de "solapar" los plazos, señalando que esto no se hace para agilizar la investigación, sino por un deseo de cerrar la comisión lo más rápido posible, especialmente en beneficio del Gobierno de Barbón.

La portavoz de VOX en la Junta General, Carolina López, ha señalado que "no debería haber un plazo para solicitar comparecientes si no hay información oficial de la administración del Principado". Criticó que quienes abogan por la celeridad en el trabajo de la comisión son los mismos que han impedido avanzar en el plan de trabajo por razones de estrategia política.

Delia Campomanes, diputada de IU-Convocatoria por Asturias y vicepresidenta de la comisión, afirmó que aunque hay un plazo hasta el 13 de junio para solicitar información y presentaciones, se permitirá añadir nuevos comparecientes de manera justificada en base a la documentación recibida.

La diputada subrayó que el plan de trabajo contempla plazos para solicitudes, pero no limita la posibilidad de ampliar dicho plazo en el transcurso de la investigación. En respuesta a las acusaciones de una posible manipulación por parte de la izquierda, Campomanes aseguró que se concedieron extensiones de plazos para fomentar el trabajo de la comisión.

Por otro lado, el parlamentario socialista, Jacinto Braña, consideró que se ha logrado un avance significativo para "desarrollar un trabajo que lleve al verdadero objetivo de la investigación: esclarecer los hechos con agilidad y seriedad".