OVIEDO, 27 de junio. La diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, Cristina Vega, ha expresado su descontento ante la reciente aprobación del decreto de zonificación geográfica por parte del Gobierno del Principado. Según Vega, las alegaciones del PP fueron desestimadas sin el más mínimo reconocimiento, lo que califica de falta de respeto. "No han tenido ni la decencia de responder", lamentó.

La diputada subrayó que esta regulación aborda uno de los problemas más acuciantes para Asturias, pero que el Gobierno lo maneja de forma unilateral, sin diálogo ni explicaciones. "Se están saltando su propia legislación", enfatizó Vega.

Asimismo, criticó que la publicación del decreto se haya retrasado más de siete meses, siendo su aprobación prevista antes del 11 de noviembre de 2024. Este retraso, a ojos de la representante popular, evidencia una "notoria falta de seriedad" en la gestión de una ley que requirió cinco años para su implementación.

En su intervención, Vega también destacó la inestabilidad en la clasificación de los concejos, que ha cambiado tres veces en menos de cinco años, lo que impide el desarrollo de políticas demográficas coherentes. "¿Cómo se puede planificar a largo plazo si las bases cambian cada dos años?", cuestionó.

Respecto a las alegaciones del PP, las definió como "de sentido común" y subrayó que son vitales para que el decreto esté alineado con la Ley de Impulso Demográfico. Vega recordó que, aunque el decreto en cuestión no especifica qué concejos podrán acceder a las ayudas, la consejera ha manifestado que solo los dos últimos niveles serían beneficiados, lo que contraviene la ley que exige incluir a los tres últimos niveles, según el artículo 24.2.

El Partido Popular sostiene que su propuesta permitiría incluir a 63 concejos, abarcando a más del 44% de la población asturiana y evitar injusticias en municipios como Cabranes, Caravia, Muros de Nalón, Navia, Santo Adriano y Vegadeo, que quedarían excluidos bajo el modelo del PSOE.

"Simplemente pedimos que se cumpla la ley para impedir arbitrariedades, como sucedió con la tarifa rural que dejó fuera a 20 municipios en riesgo de despoblación", afirmó Vega.

Además, la diputada resaltó que uno de los peligros del nuevo decreto es que permite la fluctuación de categorías de los municipios, lo que podría resultar en la pérdida de ayudas sin el tiempo necesario para instaurar políticas efectivas. En este contexto, propuso dos medidas de transición para garantizar una mayor estabilidad.

La primera de ellas permitiría que un municipio mantenga sus ayudas si ha estado en su categoría actual en al menos uno de los dos años anteriores. "Esto aporta sentido común a las políticas públicas", argumentó Vega.

Sin embargo, subrayó que su segunda propuesta, considerada aún más crucial, no fue tomada en cuenta. "Solicitábamos un periodo transitorio basado en la clasificación anterior, algo que ya se aplica en otras comunidades autónomas. Por ejemplo, Coaña podría continuar recibiendo sus ayudas. No estamos proponiendo nada nuevo, sino simplemente lo que se hace en otras regiones", expuso.

Para la diputada del PP, la falta de atención a estas sugerencias revela una incapacidad para implementar una gobernanza territorial que sea justa y efectiva, y considera que el enfoque actual se basa en medidas superficiales sin considerar los verdaderos efectos sobre los pequeños concejos.

Cristina Vega también comunicó que el decreto aprobado no cumple con los requisitos establecidos en la norma, ya que omite el informe de impacto demográfico exigido por el artículo 8.1 y las directrices necesarias para su elaboración aún no han sido aprobadas, a pesar de que debieron estar listas en noviembre. "Esto significa que el decreto más relevante de la ley de impulso demográfico no se ajusta a su propia normativa, lo que resulta en un completo despropósito", finalizó Vega.