El PP exige reparación urgente de la carretera Enol-Ercina tras acusaciones políticas

El diputado del PP en Asturias, Pedro de Rueda, ha solicitado al Gobierno autonómico la reparación inmediata de la carretera CO-4, que conecta los lagos Enol y Ercina en los Lagos de Covadonga. La vía, de titularidad autonómica según documentación oficial, presenta un deterioro severo, con baches y riesgo para los usuarios, según las fuentes del partido. La polémica surge tras las declaraciones del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, quien negó la titularidad autonómica de la carretera, calificándola de "pista".

Este conflicto refleja tensiones políticas sobre la gestión de infraestructuras en una zona de alto valor turístico y natural. La carretera en cuestión es fundamental para la actividad diaria de vecinos, ganaderos y turistas, además de ser un acceso clave al Parque Nacional de los Picos de Europa. La discrepancia en las declaraciones evidencia también una posible falta de coordinación y conocimiento en la administración autonómica.

El deterioro del firme y la falta de inversión en su mantenimiento generan preocupaciones sobre la seguridad y la continuidad de las actividades económicas en la zona. La oposición acusa al Ejecutivo regional de ignorar la importancia de esta infraestructura y de priorizar otros proyectos. Mientras tanto, el Ayuntamiento de Cangas de Onís ha recordado que dispone de documentación que acredita la titularidad de la vía, y ha reclamado mayor implicación del Gobierno autonómico en su conservación.

El enfrentamiento político no solo refleja una disputa administrativa, sino también una cuestión de gestión y responsabilidad en un entorno de gran valor ecológico y turístico. La reparación del tramo entre Enol y Ercina se presenta como una prioridad para garantizar la seguridad y el desarrollo sostenible de la zona, especialmente en un contexto de aumento de visitantes y actividades económicas en los Picos de Europa.

Este episodio evidencia la necesidad de clarificar la titularidad y gestión de infraestructuras en áreas protegidas, así como de fortalecer la coordinación entre administraciones. La futura resolución de este conflicto puede marcar un precedente en la gestión de carreteras en espacios naturales en Asturias, con implicaciones tanto políticas como medioambientales.