Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo al trato especial que se le pretende dar a Cataluña, y algunos socios del Gobierno han pedido el mismo estatus.

MADRID, 16 Junio.

Varios gobiernos autonómicos del PSOE han expresado abiertamente su oposición al tratamiento preferencial que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sugerido para Cataluña en relación a la financiación autonómica. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha sido particularmente crítico, y otras regiones como Extremadura también han advertido al Gobierno de Sánchez sobre este tema.

La ministra Montero afirmó esta semana que las "cuestiones singulares" de algunas comunidades autónomas como Cataluña "deberían tener un tratamiento especial" en términos de financiación autonómica, aunque insistió en que se llevaría a cabo una negociación junto al resto de comunidades para establecer un modelo válido para todos.

En respuesta a esto, varias federaciones autonómicas del PSOE han rechazado la propuesta de un trato financiero único para Cataluña, insinuando que sería una concesión al independentismo catalán para mantener a Pedro Sánchez en La Moncloa.

El líder del PSOE en Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha criticado la propuesta de trato especial para Cataluña, argumentando que sería "demasiado caro mantener un cargo".

Desde el PSOE de Extremadura también han expresado su desacuerdo, advirtiendo al Gobierno de Sánchez que su federación no aceptará chantajes de ninguna otra comunidad autónoma en el proceso de negociación del nuevo modelo de financiación autonómica.

Los socialistas extremos creen que las situaciones o cuestiones "singulares" no pueden generar diferencias entre españoles bajo ninguna circunstancia.

Las opiniones del PSOE de Extremadura son que la negociación de la financiación autonómica no debe utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones territoriales, y se oponen a revivir experiencias ya superadas como el pacto fiscal propuesto por la Generalitat de Cataluña durante el gobierno de Mariano Rajoy.

Por otro lado, el Gobierno socialista de Asturias defiende que cualquier modificación futura del sistema de financiación debe pasar por una negociación multilateral con todas las comunidades.

El líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, ha afirmado que el modelo de financiación autonómica actual es injusto con Andalucía, y que las "singularidades" de esta comunidad deben abordarse de la misma manera que las de Cataluña.

En cuanto a los socialistas murcianos, creen que la posición del Gobierno consiste en promover una reforma del sistema para todas las comunidades autónomas del régimen común, que permita la excelencia en la calidad de los servicios públicos en todos los territorios.

En respuesta, varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han salido en contra de la propuesta de Montero, enfatizando la necesidad de una negociación multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El primer líder regional del PP en pronunciarse fue el andaluz Juanma Moreno, quien dejó claro que hará lo posible para evitar una nueva injusticia hacia Andalucía en términos de financiación autonómica, evitando cesiones del Gobierno central al independentismo catalán.

De manera similar se ha expresado el presidente valenciano, Carlos Mazón, calificando como humillación para todos los españoles el trato especial al que Montero ha dado apertura.

Además, ha advertido que si se avanza en esa dirección, el Consell activará todos los mecanismos legales para contrarrestar esta desigualdad sin precedentes.

Desde el Gobierno gallego del PP insisten en que la revisión del modelo de financiación autonómica debe abordarse en una negociación multilateral con todas las comunidades y el máximo consenso posible.

Galicia busca negociar en un régimen de igualdad, sin que cada comunidad presente sus aspiraciones de manera individual, siempre priorizando el bien común.

Baleares ha defendido que la financiación autonómica se decida en función de criterios técnicos, rechazando los tratamientos especiales.

Desde el Gobierno del PP de Prohens, se cuestiona sobre a qué se refiere la ministra cuando habla de trato especial, y reiteran que la financiación autonómica debe decidirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

En el caso de La Rioja, su consejero de Hacienda ha mostrado su firme rechazo a un acuerdo bilateral que beneficie exclusivamente a Cataluña, considerándolo un privilegio para la comunidad catalana y perjudicial para los ciudadanos riojanos.

El líder de Compromís, Joan Baldoví, ha defendido que lo que se haga en materia de financiación en Cataluña debe hacerse también en la Comunidad Valenciana, y ha indicado que un trato desigual podría ser motivo suficiente para retirar su apoyo al Gobierno.

Por otro lado, los socialistas valencianos consideran que el Gobierno central ya está ofreciendo un trato singular a la Comunidad Valenciana con los fondos recibidos del sistema de financiación, siendo la única región en recibir el ExtraFLA y obtener más fondos del ejecutivo central este año en comparación con el gobierno anterior.

En respuesta a la sugerencia de Montero, el presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, ha insistido en la necesidad de una financiación singular para Cataluña, similar al sistema de concierto y cupo que se aplica en el País Vasco y Navarra.

En resumen, la situación sigue generando controversia y las distintas regiones y partidos involucrados mantienen posturas firmes en cuanto al tratamiento especial propuesto para Cataluña en materia de financiación autonómica.