La Fiscalía del Principado de Asturias ha presentado una modificación en su escrito de acusación en contra de Francisco Álvarez-Cascos, exlíder del partido Foro de Ciudadanos (FAC), ex presidente del Principado y exministro. La modificación se da después de que se haya valorado la información contenida en nueve cajas entregadas por un representante de una fundación, y eleva a 181.648,92 euros la cantidad de dinero que supuestamente fue incorporada al patrimonio de Álvarez-Cascos. Además, la Fiscalía ha pedido una condena de tres años y medio por un presunto delito continuado de apropiación indebida.

La Fiscalía ha decidido incoar nuevas diligencias de investigación preprocesal en paralelo al caso mencionado anteriormente, para verificar si existe la posibilidad de que haya un nuevo delito de corrupción, administración desleal o apropiación indebida. Esto ha sido coordinado por el Fiscal Coordinador de Delitos Económicos, Gabriel Bernal del Castillo, y el Fiscal Enrique Valdés-Solís, integrante de la Sección, quien ya había llevado a cabo el expediente gubernativo incoado por la Fiscal Superior, María Esther Fernández García, después de que se entregaran las cajas.

Dentro de las cajas se encontró documentación relacionada con el partido político Foro de Ciudadanos, desde su creación en 2011. Según el escrito del Ministerio Público, el equipo directivo del partido político estaba más interesado en la actividad política y no en los aspectos económicos relacionados con el partido. No había tesorero y se establecían criterios de confianza y de responsabilidad personal en la utilización de los recursos económicos del partido. A veces, esta confianza era tomada por algunos para abonar gastos que no tenían relación con lo político.

La Fiscalía sostiene que el acusado era conocedor de estas actividades y que las utilizó para intentar cubrir gastos personales y de sus familiares, argumentando que entre el 15 de mayo de 2011 y el 16 de octubre de 2017, el acusado cargó a las cuentas del partido un total de 7.793,22 euros en gastos personales, no relacionados con su actividad política. Entre ellos se encontraban gastos de procurador, psicotécnico, restaurantes, hoteles, videojuegos, museos y otros.

Además, la Fiscalía ha afirmado que Álvarez-Cascos fue administrador de una mercantil hasta el 8 de julio de 2011 y que se interpreta que de facto continuó desempeñando sus tareas y que utilizó esta posición para alquilar una oficina ficticia a una de sus empresas con el propósito de transferir dinero adicional, manteniéndolo oculto a la comisión directiva del partido. Por ello, entre 2012 y 2014, el partido abonó un total de 173.855.70 euros a la empresa en cuestión. Sumando este gasto al mencionado anteriormente, la cantidad de dinero incorporada al patrimonio del acusado es de 181.648,92 euros.