Las organizaciones de trabajadores denuncian un ataque a sus derechos fundamentales

GIJÓN, 10 de julio.

Este jueves, cientos de sindicalistas, políticos y miembros de la sociedad civil se reunieron en la plaza Mayor de Gijón para respaldar a lo que se ha denominado ‘las seis de La Suiza’. Estas seis personas, cinco mujeres y un hombre, han sido encarcelados para cumplir una condena de tres años y medio por coacciones graves y obstrucción a la justicia.

La manifestación fue convocada apresuradamente el miércoles, tras la decisión del Juzgado de lo Penal nº 1 de Gijón, de ordenar el ingreso en prisión de los condenados. Los asistentes, muchos de los cuales llevaban pancartas pidiendo la liberación de los encausados, se trasladaron caminando hacia la zona de Poniente después de que se leyó un manifiesto.

Herminia González, portavoz del grupo Sofitu, afirmó que quienes están en prisión “permanecen fuertes y tranquilas”. También informó que actualmente se encuentran en el Centro de Integración Social de la Cárcel y que decidieron entregarse voluntariamente para presentar documentación y solicitar el tercer grado.

González manifestó la intención de luchar por su libertad, destacando que 22 sindicatos de todo el país han solicitado un indulto, el cual ha recibido el respaldo de diferentes entidades y fuerzas políticas. Sin embargo, dejó claro que este indulto no implica un arrepentimiento por lo sucedido, y reconoció que el proceso podría ser lento.

En relación con la manifestación, González enfatizó que se encontraban allí porque sus compañeras “están injustamente encarceladas”, defendiendo que “solo hicieron lo que cualquier sindicato hace para defender a sus trabajadores”. Calificó de “barbaridad” que en el año 2025 se castigue dicha actividad con prisión.

Rafael Río, secretario general de la CNT de Asturias y León, criticó la situación, considerando “un atropello” que una trabajadora deba ir a prisión por denunciar acoso laboral o por incumplimiento de derechos tan básicos como el pago de salarios o vacaciones.

Río aseguró que continuarían su lucha hasta donde sea necesario y mencionó que el caso de las seis personas condenadas podría estar vinculado a otros sucesos recientes de represalias contra sindicalistas, como la detención de varios activistas durante una huelga en Cádiz. Para él, la verdadera acción sindical debe darse en las calles.

Javier Fernández Lanero, líder de UGT en Asturias, calificó esta situación como “una verdadera injusticia” y subrayó que no se debería penalizar la defensa de los derechos laborales. Insistió en que “hacer sindicalismo no es un delito”, argumentando que sin el derecho de huelga y sin la posibilidad de organizarse, no puede existir ni libertad ni democracia.

“Hoy hemos retrocedido un siglo en términos de derechos”, advirtió, señalando que no solo son seis las personas afectadas, sino que hay seis familias devastadas por esta decisión. Criticó la incongruencia de encarcelar a estas personas mientras otros delincuentes quedan sin castigo, preguntando cómo se puede justificar tal alevosía por parte de las autoridades.

Confió en que se conceda el indulto, argumentando que no se entendería que no se hiciera justicia en este caso, lo que podría erosionar la confianza en las instituciones judiciales. José Manuel Zapico, de Comisiones Obreras en Asturias, también expresó su apoyo a Las seis de La Suiza y subrayó que lo que vivieron fue un “retroceso democrático” al encarcelar a quienes luchaban por condiciones laborales adecuadas.

Zapico acusó al sistema judicial de convertir una actividad fundamental de los derechos de los trabajadores en un crimen y reclamó una respuesta unitaria de los sindicatos para detener esta regresión. También exigió a los gobiernos tanto asturiano como central que agilicen el indulto para mitigar el daño infligido tanto a las trabajadoras como a todo el movimiento sindical.

También se unió a la manifestación la diputada Covadonga Tomé, quien reclamó que el sindicalismo nunca debería ser considerado un delito. Tomé enfatizó que el indulto es urgente e indispensable, ya que la demora en este caso es inaceptable y pone en riesgo derechos fundamentales de los trabajadores.

Según ella, es inaceptable que exista un clima de miedo en el ejercicio del sindicalismo, lo que representa una amenaza para todos los derechos laborales.