El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha alertado acerca de las complicaciones económicas y legales que podría conllevar un eventual rescate de las autopistas AP-9 en Galicia y AP-66 que conecta Asturias y León. A pesar de que este verano la Comisión Europea emitió un dictamen señalando posibles irregularidades en la ampliación de las concesiones de dichas autopistas, el Ministerio de Transportes optó por presentar alegaciones para salvaguardar lo que consideran el 'interés general'.

En declaraciones recientes, Santano expresó su descontento hacia el Partido Popular por ser los responsables de la prórroga de estas concesiones. Según su relato, las concesiones originalmente debieron finalizar en 2021 y 2023, pero su ampliación fue decidida por el anterior gobierno. En este sentido, Santano hizo un llamado a los políticos del PP para que reconozcan su responsabilidad y pidan disculpas por las críticas actuales al sistema de peajes.

El secretario de Estado subrayó que cualquier intento de rescatar estas infraestructuras tendría enormes implicaciones jurídicas y económicas que podrían alcanzar miles de millones de euros. Enfatizó que el verdadero costo de un rescate recaería sobre los ciudadanos, quienes tendrían que asumir estos gastos a través de sus impuestos.

En un acto reciente en Asturias y Cantabria, Santano fue interrogado sobre la conveniencia de rescatar los peajes frente a implementar un sistema de bonificaciones. Respondió con una analogía de una hipoteca, planteando la pregunta de si es mejor cancelar las deudas o continuar haciéndolas.

El secretario indicó que aunque cancelar los peajes podría parecer más económico a largo plazo, la realidad es que muchos no disponen de los recursos inmediatos para liquidar esta 'hipoteca'. Asimismo, recordó que las concesiones están en vigor durante varios años y que su modificación o rescisión presenta una serie de complicaciones legales significativas, involucrando a inversores diversos.

Santano reafirmó el compromiso del Gobierno con su relación con la Comisión Europea y mencionó que se están presentando alegaciones para defender el interés general del país. También solicitó a la ciudadanía paciencia y comprensión en vista de que el proceso es intrincado y aún está en desarrollo.

El representante del Gobierno evitó entrar en detalles sobre un posible rescate de las autopistas, centrándose en las dificultades económicas y legales que enfrentarían. Reconoció que es complejo evaluar el impacto económico de tal medida.

Finalmente, dejó entrever que podría haber oportunidades para futuras negociaciones con la Comisión Europea, sin hacer promesas sobre una solución inminente. Esta situación parece estar lejos de resolverse, y su cautela refleja la postura del Gobierno ante los desafíos relacionados con las autopistas de peaje.

Cabe recordar que la Comisión Europea, en el marco de una serie de procedimientos de infracción, solicitó a España, en julio, que cumpla con las normativas de la UE en relación con la contratación pública, especialmente en lo que respecta a los contratos de concesión.

Las ampliaciones de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 fueron extendidas a 25 y 29 años, respectivamente, y posteriormente se vendieron sin la realización de un procedimiento de licitación adecuado o un anuncio al nivel de la UE.

La Comisión argumentó que estas modificaciones constituyen cambios sustanciales, demandando un procedimiento de licitación conforme a la Directiva 93/37/CEE y los principios de transparencia e igualdad de trato que rigen la contratación pública en la UE. Tras enviar su dictamen, la Comisión otorgó un plazo de dos meses a España para responder y tomar las acciones pertinentes, a lo que el Ministerio de Transportes respondió con alegaciones que posibilitaron la continuidad de los peajes.