El Consejo de Ministros se reunirá este martes con el objetivo de dar luz verde a un ambicioso proyecto de ley que permitirá al Estado hacerse cargo de una deuda que asciende a 83.252 millones de euros, acumulada por varias comunidades autónomas. Las regiones que más se verán beneficiadas por esta medida serán Andalucía y Cataluña, que concentran una parte significativa de la deuda, con 18.791 millones y 17.104 millones de euros respectivamente. Entre ambas, suman más del 43% del total de la deuda que asumirá el gobierno central. Además, se ha previsto que el Principado de Asturias también reciba una atención especial al asumir 1.508 millones de euros de su deuda.

Este proyecto fue impulsado a raíz de un acuerdo establecido entre el PSOE y ERC, destinado a condonar parte de la deuda de Cataluña y que se extenderá a aquellas comunidades que opten por acogerse a esta medida. Esta iniciativa se presenta como un salvavidas financiero en un contexto de dificultades económicas que afectan a varias regiones del país.

En febrero pasado, los detalles de cómo se determinará el importe de la deuda a asumir fueron presentados por el Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero. Sin embargo, la decisión final recae en cada gobierno regional, que tendrá la opción de aceptar esta propuesta, lo que añade un nivel de incertidumbre a la implementación de la medida.

Las comunidades autónomas que se beneficiarán de esta propuesta incluyen, después de Andalucía y Cataluña, la Comunidad Valenciana con 11.210 millones, la Comunidad de Madrid con 8.644 millones, y Castilla-La Mancha con 4.927 millones, entre otras. Cada región, con su particular situación, se ubicará en un ranking que refleja la desigualdad en el manejo de deudas autonómicas.

Es importante señalar que esta distribución no abarca a Euskadi y Navarra, debido a su estatus especial en el sistema foral, aunque han expresado su deseo de beneficiarse de medidas similares que compensen su situación particular.

El Ejecutivo ha expresado su intención de que esta ley sea aprobada en la sesión del Consejo de Ministros y que posteriormente inicie su camino en el Parlamento español, donde se espera un debate animado sobre su viabilidad y sus implicaciones.

En febrero, durante una sesión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la propuesta recibió el respaldo de las comunidades del PSOE, aunque las del Partido Popular optaron por abandonar la reunión y no emitir voto, lo que el Gobierno interpretó como una abstención tácita. Desde la perspectiva del Ejecutivo, estas comunidades eventualmente podrían verse obligadas a adherirse a la propuesta, a pesar de las críticas que puedan manifestar.

A pesar del optimismo, el Ministerio de Hacienda aún no ha asegurado todos los apoyos necesarios para la fase parlamentaria, ya que algunos aliados como Junts han mostrado reservas, cuestionando si la medida debería aplicarse de manera extensiva a todas las comunidades.

La metodología presentada por Montero se divide en tres fases. En la primera, se evalúa el endeudamiento de las comunidades entre 2009 y 2013 en comparación con el periodo de 2019 a 2023. Esta fase inicial indicaría una posible condonación media del 19% de la deuda vigente arrebatada a finales de 2023.

La segunda fase contemplaría una condonación adicional para aquellas comunidades cuya deuda se sitúe por debajo de la media del 19,3%, buscando corregir cualquier posible disparidad que pueda prevalecer entre las distintas regiones.

Finalmente, en la última fase, se introducirán ajustes para asegurar una mayor equidad. Se identificará la comunidad que obtenga la mayor condonación por habitante ajustado, estableciendo esta cifra como referencia, y se elevará la condonación para aquellas comunidades que registren una financiación inferior a la media. Además, habrá un incremento de la condonación para aquellas comunidades que hayan implementado políticas fiscales más restrictivas en el IRPF durante el periodo mencionado.