OVIEDO, 1 de abril.

El Ayuntamiento de Oviedo ha ratificado, en una votación que contó con el apoyo del Partido Popular, Izquierda Unida y una concejala no adscrita, un nuevo Plan Económico Financiero. Este plan ha sido necesario para cumplir con la Regla de Gasto en los ejercicios 2025 y 2026, después de que la administración local arrojara un déficit de 2,2 millones de euros en su cumplimiento durante 2024. El grupo de Vox se opuso a la medida, mientras que el PSOE optó por la abstención.

La concejala responsable de Economía y Políticas Sociales, Leticia González, defendió que el incumplimiento de la Regla de Gasto se debe a una "gestión presupuestaria sobresaliente" que beneficia a la población de Oviedo. Aclaró que el aumento en el gasto no es resultado de un incremento en el gasto corriente, sino que se debe a significativas inversiones, como la reforma en la entrada de la autopista y las obras del Palacio de los Deportes.

González subrayó que "el alto grado de ejecución" de estas inversiones ha provocado esta penalización, sugiriendo que el plan financiero no requerirá que el Ayuntamiento implemente ninguna restricción en las disponibilidades de crédito. “Las repercusiones de este plan son inexistentes para los ciudadanos ovetenses”, aseguró.

Durante el debate, el concejal del Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve, criticó esta postura. Argumentó que el presupuesto de 2025 ya contempla recortes en áreas como cultura y servicios sociales que afectan de manera tangible.

En contraste, el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo, Alejandro Suárez, manifestó que el acuerdo presupuestario con el PP ha llevado a una evolución en su discurso, pasando de criticar recortes a aceptar un presupuesto que, según él, no sufrirá reducción. Recordó que su formación se opuso a las regulaciones de gasto durante su gobierno con el PSOE y mantiene su postura.

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, destacó que el plan económico tiene verdaderas repercusiones para los ciudadanos, ya que la caída en las inversiones implicará la pérdida de proyectos que afectan directamente a los barrios. Aseguró que lo aprobado hoy “no es un plan, sino un mero acto de fe”, enfatizando que carece de medidas concretas para abordar el incumplimiento, basándose en "proyecciones optimistas".

Finalmente, la concejala no adscrita, Elena Figaredo, subrayó la importancia de ajustar las normativas de la Intervención General de la Administración del Estado a la contabilidad local, para permitir medidas que puedan "salvar situaciones" temporales, de manera que solo se penalicen los problemas estructurales, los cuales son el objetivo de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria.