OVIEDO, 21 de enero.
En una reciente decisión de gran relevancia para el Parlamento asturiano, la Mesa de la Cámara ha dado luz verde al nombramiento de Marco Fernández Gutiérrez como nuevo Letrado Mayor. Esta propuesta fue presentada por el presidente de la Junta General, Juan Cofiño. Marco Fernández, un joven nacido en Oviedo en 1992, toma las riendas de esta importante posición, sucediendo a Alberto Arce Janáriz, quien ocupó el cargo desde el año 2006.
Fernández, que ha logrado el título de Letrado por oposición de la Junta General en 2018, cuenta con una sólida trayectoria académica. Antes de asumir su nuevo rol en Asturias, se desempeñó como Letrado en el Parlamento canario. Su formación incluye un Grado en Derecho por la Universidad de Oviedo, así como un Máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.
La Junta ha destacado en un comunicado de prensa que su currículo es aún más impresionante, ya que incluye una estancia formativa en Harvard University, así como estudios de Grado en Ciencia Política y de la Administración en la UNED. Actualmente, Marco Fernández se encuentra en proceso de finalizar su Doctorado en Derecho y es académico correspondiente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, lo que refrenda su compromiso con la excelencia en el campo jurídico.
En su nuevo papel, el Letrado Mayor no solo se posiciona al frente de la Secretaría General del Parlamento, sino que asume, bajo la dirección del Presidente, la jefatura superior de todo el personal al servicio de la Administración parlamentaria. Esta responsabilidad implica una coordinación y dirección efectiva de los Letrados de la Asamblea, así como el suministro de asesoría jurídica a los diversos órganos de la Cámara.
Además, el Letrado Mayor tiene un papel crucial en la asistencia a la Mesa, la Junta de Portavoces, la Comisión del Reglamento y el Pleno, siendo responsable de redactar las actas y acuerdos que se toman, y velar por su correcta ejecución. También se asegura de que se mantenga una coherencia en los usos y prácticas reglamentarias, tarea que incluye la custodia del Registro de Intereses, una función esencial para la transparencia y la integridad en el ejercicio del poder.
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