La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Melania Álvarez, ha propuesto la creación de un gran pacto para garantizar la atención a las personas mayores en la comunidad asturiana. En su presentación del programa de gobierno ante la Junta General, Álvarez ha destacado la importancia de este acuerdo y ha instado a que trascienda la legislatura actual.

Álvarez considera fundamental anticiparse a las nuevas expectativas derivadas del envejecimiento de la población, teniendo en cuenta que el 80% de las personas mayores desean mantenerse en sus hogares. Esta necesidad de pacto se relaciona también con el desafío demográfico, ya que se estima que en 2030 habrá un 10% más de personas mayores de 65 años en Asturias, alcanzando las 305,000. Esto generará una mayor presión sobre el sistema de dependencia, con aproximadamente 44,500 personas que podrían tener derecho a recibir ayudas a finales de esta década.

La consejera ha subrayado que esto implicará un presupuesto asociado al sistema de autonomía de más de 400 millones de euros, un 40% más que en la actualidad, considerando que la inversión media actual por persona atendida es de aproximadamente 9,000 euros al año. Además, Álvarez ha anunciado la transformación del modelo de gestión del organismo autónomo Establecimientos Residenciales de Asturias (ERA) para el año 2024.

En relación con la atención a las familias y a la infancia, la consejera ha destacado la importancia de diseñar políticas de apoyo integral que incluyan prestaciones económicas, servicios de apoyo y acompañamiento en la crianza, así como tiempo para la vida familiar. Álvarez ha planteado la necesidad de que estas políticas trasciendan más allá de la gestión del sistema de protección de menores.

En materia de discapacidad, la hoja de ruta del departamento de Derechos Sociales incluye cuatro ejes fundamentales: atención infantil temprana, accesibilidad universal, empleabilidad y vida autónoma, y atención al envejecimiento.

En cuanto a las políticas de inclusión social, se pretende consolidar el desarrollo normativo, mejorar la gestión del Sistema Asturiano de Garantía y continuar con las medidas implementadas desde 2020 a través del convenio entre Derechos Sociales y el Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa). Según Álvarez, los programas pilotos desarrollados hasta ahora han tenido resultados satisfactorios, permitiendo a un 12% del total de unidades de convivencia dejar de percibir rentas mínimas al encontrar empleo.

Además, se impulsará el VI Plan Director de Cooperación al Desarrollo y las cuatro estrategias sectoriales aprobadas este año, que buscan reforzar aspectos como el género, los derechos humanos, los pueblos indígenas y la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global.

El Departamento de Derechos Sociales también buscará fortalecer la coordinación con otros sistemas, incorporar la transformación digital y la innovación social en el diseño de políticas públicas, e implementar nuevos sistemas de gestión para reducir la burocracia.

Por último, la consejera ha destacado los cuatro proyectos normativos previstos para esta legislatura en su área de gestión: la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley de Cooperación al Desarrollo y la Ley del Tercer Sector.