OVIEDO, 23 de junio. En un acto significativo para el ámbito judicial de Asturias, el consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, acudió este lunes a la Junta General del Principado para exponer las implicaciones de la implementación de la Ley Orgánica 1/2025, que introduce importantes reformas en el Servicio Público de Justicia.

Peláez aseguró que esta legislación constituye una de las transformaciones más relevantes en el sistema judicial español en varias décadas, enfocándose en actualizar un modelo que, basado en la Ley Orgánica 6/1985, había permanecido estancado. La principal novedad residirá en la creación de tribunales de instancia colegiados que reemplazarán a los juzgados unipersonales, junto con una modernización integral de los 60 juzgados de paz, que transitarán a oficinas de justicia municipales con más competencias gracias a la digitalización.

El consejero subrayó que la reforma busca proporcionar una justicia más eficiente y flexible, alineada con las exigencias sociales contemporáneas. Esto incluye medidas específicas para la protección de menores en situaciones de violencia y la promoción de métodos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación.

La implementación en Asturias se llevará a cabo en varias fases, comenzando el 1 de julio con 13 de los 18 partidos judiciales afectados. Peláez informó que se han creado grupos de trabajo en colaboración con el Ministerio de Justicia y otras comunidades autónomas, y que se están organizando cursos formativos para el personal del ámbito judicial y profesionales del derecho, facilitando así la transición a este nuevo sistema.

Además, el consejero anunció una inversión de 400.000 euros provenientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para mejorar las herramientas tecnológicas en las oficinas judiciales, y confirmó la creación de nuevas plazas para jueces y fiscales especializadas en violencia de género, sumando otros 500.000 euros del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para reforzar la estructura judicial.

Peláez hizo hincapié en la importancia de esta ley para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género. El Principado destinará recursos a la creación de juzgados especializados, destacando la inminente apertura de una segunda plaza de juez en la Sección de Violencia sobre la Mujer del futuro Tribunal de Instancia de Gijón.

En el debate posterior, el diputado del PP de Asturias, Manuel Cifuentes, expresó su escepticismo ante los planes del Gobierno autonómico, cuestionando la viabilidad de llevar a cabo una reforma sin un respaldo presupuestario sólido. Calificó la ley de “ensoñación” y alertó sobre la desconexión entre los plazos de implementación y las condiciones infraestructurales actuales, afirmando que simplemente cambiar cartelería no solucionará los problemas estructurales.

El diputado de Vox, Gonzalo Centeno, también criticó la ley, tildándola de una iniciativa impulsada por voluntarismo ideológico. Afirmó que se había diseñado sin consenso ni presupuesto, advirtiendo que su implementación carece de la sostenibilidad necesaria y dependerá de fondos europeos, lo que podría complicar aún más su ejecución.

Desde el Grupo Mixto, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, mostró su apoyo a los objetivos globales de la norma, enfocándose en una justicia más ágil y contemporánea. Sin embargo, expresó preocupaciones sobre la falta de consenso en su elaboración y el riesgo de recentralización y pérdida de cercanía con los ciudadanos. Abogó por un enfoque riguroso y bien planificado, que contemple las minucias económicas necesarias para su correcta implementación.

La portavoz de Convocatoria por Asturias, Delia Campomanes, calificó esta ley como una de las reformas más ambiciosas de las últimas décadas, destacando la necesidad de que su implementación respete la cohesión territorial. Afirmó que una justicia eficiente no debe ser un privilegio de las áreas urbanas, sino que debe considerar las particularidades de todo el territorio asturiano.

La representante socialista, Lidia Fernández, respaldó la norma y enfatizó que el objetivo es construir un sistema judicial moderno y efectivo. Aseguró que esta labor se está llevando a cabo con una implementación rigurosa y participativa, y no se reduce a una simple reforma técnica sino que representa un avance clave hacia una justicia cercana al ciudadano.

Finalmente, Peláez concluyó su intervención destacando que la ley se tramita desde la legislatura anterior, bajo el liderazgo del exministro Félix Bolaños. Aseguró que su comparecencia demuestra un compromiso genuino del Gobierno asturiano con la justicia, y añadió que esta reforma representará un giro significativo en el sistema judicial del Principado. Enfatizó que, pese a la tensión presupuestaria, la justicia en Asturias se distingue por su alta tasa de resolución de casos, elogiando la dedicación de los profesionales del sector y el apoyo administrativo recibido.