OVIEDO, 30 de julio.

El Comité de Empresa de la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, que representa al personal que labora en el Centro de Responsabilidad Penal del Menor (CRPM) en Sograndio, ha emitido un llamado urgente para que se implementen medidas que aseguren condiciones laborales adecuadas. Esta declaración se produce tras un incidente alarmante, donde advierten que podrían suspender temporalmente las salidas de menores si no se mejora la seguridad en el entorno laboral.

Según la información proporcionada por los sindicatos en un comunicado, el pasado 26 de julio, durante una actividad programada con internos, uno de los jóvenes agresores atacó al conductor del vehículo, un auxiliar de seguridad, aplicando una técnica conocida como "mataleón" para obligarle a detener el auto y intentar escapar. Como resultado de este ataque, el trabajador requirió atención médica urgente.

El Comité ha enfatizado que este suceso no es un evento aislado, sino que se suma a una serie de episodios preocupantes que han ocurrido tanto dentro como fuera del centro en meses recientes. En este contexto, han denunciado lo que consideran un "abandonamiento institucional" y una falta de respuesta política que ponga en primer plano la seguridad de los trabajadores.

Entre los problemas más destacados por los sindicatos se manifiestan la "preocupante escasez de personal educativo", sobre todo durante la temporada estival, la "total ausencia de personal sanitario los fines de semana y festivos" y el creciente número de internos sin que haya un ajuste en el número de empleados para su atención.

Además, han puesto de relieve la "inadecuada condición de los vehículos" utilizados para las salidas, los cuales carecen de las medidas de seguridad necesarias tanto para el personal como para los conductores, junto con el deterioro de las instalaciones del centro que compromete el ambiente y las condiciones de trabajo educativo y de protección.

El Comité ha insisted en que las actividades externas con menores son un "derecho" estipulado por la ley, reafirmando que la garantía de este derecho no debe poner en riesgo la integridad física y mental de quienes trabajan en el centro. Exigen a la Administración que se aporten los recursos humanos, materiales y estructurales necesarios para sostener este compromiso.

En este contexto, han expresado su respaldo a las decisiones tomadas por el personal, apoyando incluso la posible suspensión temporal de las salidas con menores si no se cumplen las condiciones básicas de seguridad, exigiendo una respuesta inmediata antes del inicio del mes de agosto.