El próximo lunes, a las 09:00, se llevará a cabo la audiencia en el Juzgado de lo Penal nº 2 de Avilés, donde se juzgará a un chofer de autobús implicado en un trágico accidente ocurrido en septiembre de 2018 que resultó en la muerte de cinco personas y dejó a una docena de heridos.

La Fiscalía del Principado de Asturias ha planteado una acusación seria, solicitando una pena de cuatro años de prisión, seis años de inhabilitación para conducir y otro período igual para el ejercicio como conductor profesional. Las autoridades investigan si el acusado era consciente de su condición de epilepsia y la medicación que le impedía una conducción segura, información que no era conocida por su empleador, Automóviles de Luarca SA (ALSA).

Los procedimientos judiciales están programados para desarrollarse desde el lunes hasta el jueves 29, manteniendo el mismo horario. El día del accidente, el acusado, quien ha trabajado profesionalmente conduciendo autobuses, operaba un vehículo de la marca Setra, asegurado con Allianz. El accidente tuvo lugar en un tramo de la carretera AS-392 que estaba en obras, con adecuadas señales de advertencia a los conductores.

En ese momento, el carril izquierdo estaba cerrado, y aunque el acusado circuló por el único carril habilitado, la velocidad límite de 70 km/h señalada no fue respetada, ya que el autobús viajaba a 95 km/h cuando el conductor invadió el área restringida debido a las obras y colisionó con una pilastra de un puente en construcción.

El impacto resultó fatal para cinco pasajeros, que fallecieron en el acto. En total, el autobús transportaba a 19 personas y 14 resultaron heridas. Tras el accidente, el conductor alegó haber sufrido una crisis epiléptica que le hizo perder el control del vehículo.

Desde 2015, el acusado ha estado lidiando con epilepsia focal criptogénica y había estado bajo tratamiento médico, aunque no aceptaba plenamente su diagnóstico por temor a sus repercusiones en su empleo. A pesar de la advertencia de que su medicación podría afectar su capacidad para conducir, continuó haciéndolo sin informar a su empresa, que lo había declarado apto para el trabajo.

La Fiscalía imputa al conductor cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y doce lesiones por la misma causa, todas relacionadas en un mismo juicio. Se pide una condena de cuatro años de prisión, así como inhabilitación para el ejercicio del derecho al sufragio y para conducir vehículos durante seis años. Además, se establece que el acusado y las compañías de seguros involucradas deben indemnizar a las víctimas y sus familias con más de 674.000 euros, más intereses legales.