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Lunes, 2 de noviembre de 2026 Edición Asturias · Red Crónica
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Somos Asturies exige explicaciones por el coste de la ITV de Granda y pide la dimisión de Enrique Fernández

Somos Asturies pide el coste de la ITV de Granda, cerrada desde mayo, y la dimisión de Enrique Fernández por la elección de la parcela en Gijón.

Redacción automática · Crónica Asturias 2 min de lectura

Somos Asturies ha reclamado al Gobierno del Principado que haga público el coste total de la adquisición, adaptación y reparación de la estación de ITV de Granda, en Gijón, y que asuma responsabilidades políticas por la elección de su ubicación. La formación pide también la dimisión del exconsejero de Industria Enrique Fernández, actual presidente de Hunosa, a quien considera responsable político de la operación.

La estación permanece cerrada desde mayo. La empresa pública ITVASA plantea incluso el cese definitivo de su actividad, ante un coste inicial de reparación superior al millón de euros. La compañía espera disponer de un informe técnico detallado antes de adoptar una decisión definitiva.

La diputada de la formación en la Junta General, Covadonga Tomé, solicitará el expediente de compra, las tasaciones, los informes sobre el estado del inmueble y un desglose de las inversiones realizadas. Según la formación, la compra del terreno costó unos 900.000 euros. Tomé sostiene que la ubicación y los accesos de la parcela ya habían sido cuestionados durante la tramitación del proyecto, y preguntará en la Cámara por el coste global de la actuación.

El exdiputado Daniel Ripa recuerda que en 2021 el Ayuntamiento de Gijón ofreció al Principado alternativas para ubicar la estación, entre ellas una permuta por terrenos municipales en el polígono de Lloreda y el uso de suelo autonómico en ZALIA. "Se pudo rectificar antes de las obras y se decidió seguir adelante", afirma. Ripa cuestiona además la elección de la parcela y sostiene que la operación benefició a una cooperativa vinculada, según sus declaraciones, a responsables socialistas.

Somos Asturies reclama que el Ejecutivo explique los criterios que determinaron la compra y por qué se descartaron otras ubicaciones, así como el presupuesto actualizado de las actuaciones pendientes y las alternativas que estudia ITVASA.

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