Zapico reclama acuerdo presupuestario para 2027 y evitar la prórroga en Asturias
Zapico pide acordar los presupuestos de 2027 para evitar una prórroga y amplía las zonas tensionadas de vivienda en Asturias.
El coordinador general de IU Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, defiende alcanzar un acuerdo para aprobar los presupuestos autonómicos de 2027. Su objetivo es evitar una prórroga presupuestaria, que considera un instrumento que favorecería a la derecha y a la ultraderecha.
Según Zapico, las cuentas deben reforzar los servicios públicos y responder a las necesidades sociales de la región. El consejero plantea la negociación desde la responsabilidad de gobierno, no desde el electoralismo, y ha expresado su voluntad de seguir contando con Somos en las conversaciones.
El trasfondo es la necesidad del bloque progresista de construir mayorías estables para sostener al Ejecutivo autonómico. Una prórroga mantendría las partidas del ejercicio anterior, lo que limitaría la capacidad del Gobierno para impulsar nuevas políticas y para responder a demandas sociales emergentes. Por ello, el debate presupuestario se convierte en una prueba de cohesión interna de la coalición.
En materia de vivienda, Zapico ha defendido la declaración de zonas de mercado residencial tensionado. Actualmente están operativas en Gijón, Avilés, Gozón, Cabrales y Llanes. Está prevista su ampliación en Gijón y Avilés, y existen procesos en trámite o planificación en Oviedo, Siero, Ribadesella, Langreo, Muros de Nalón y San Esteban.
El consejero se muestra partidario de intervenir en el mercado para corregir sus desequilibrios, pero insiste en que estas declaraciones deben basarse en estudios técnicos y en la realidad de cada concejo. En el caso de Oviedo, asegura que habrá una zona tensionada, cuya delimitación se ajustará a los informes técnicos y al diálogo con el Ayuntamiento.
La aplicación de esta política dependerá de la futura ley de vivienda asturiana, que incorporará un régimen sancionador, así como de los estudios de viabilidad y de la negociación con los consistorios. El desarrollo de ambas cuestiones marcará la capacidad real del Gobierno autonómico para cumplir sus compromisos en vivienda durante los próximos años.