En un reciente encuentro celebrado en Santiago de Compostela, los gobiernos de Galicia, Asturias y Castilla y León han hecho un llamado al Gobierno de España para que tome decisiones cruciales respecto al rescate de las autopistas AP-9 y AP-66. Este "frente común" ha declarado que, aunque la medida es compleja, es esencial para el futuro de las infraestructuras en la región.

El consejero de Movilidad de Castilla y León, José Luis Sanz, fue quien tomó la palabra primero, enfatizando que existen precedentes que justifican la aplicación de "soluciones homogéneas" en el ámbito de las autopistas. Durante la comparecencia, Sanz subrayó la necesidad de un enfoque colaborativo entre comunidades para abordar estos desafíos.

La presidenta de Infraestructuras de la Xunta, María Martínez Allegue, también destacó la importancia del dictamen de la Comisión Europea como una "oportunidad fantástica" para que el Gobierno central actúe y rescate la AP-9. Hizo un llamado para que el Ejecutivo de Pedro Sánchez tome decisiones audaces que beneficien a la región.

En caso de que el Gobierno no responda a tiempo al dictamen europeo, Martínez Allegue afirmó que la Xunta explorará "todos los medios legales posibles" para asegurar que se respeten los intereses de la comunidad gallega.

Por su parte, Juan Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia, expresó su rechazo a un modelo fragmentado de España. Abogó por la gratuidad de estas autopistas, argumentando que esto puede ser un mecanismo fundamental para fomentar el crecimiento y la igualdad de oportunidades en el noroeste de España.

La reunión, organizada por la CEG bajo el lema "Conectando Territorios, Impulsando Futuro", reunió a diversos líderes empresariales y políticos de las tres comunidades. Entre ellos, destacaron la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios y el presidente de la Federación Leonesa de Empresarios, quienes sumaron sus voces a la causa.

Desde Asturias, el consejero de Movilidad, Alejandro Jesús Calvo, mencionó los esfuerzos gubernamentales para solicitar una revisión de oficio como una etapa previa a posibles acciones legales. Esto fue en respuesta a la falta de propuestas concretas por parte del Ejecutivo central.

Al ser cuestionada sobre si la Xunta contemplaba seguir el mismo camino legal que Asturias, Martínez Allegue reiteró su preferencia por instar al Gobierno a ser valiente y a aprovechar la oportunidad económica que representa el dictamen europeo. Según su análisis, un rescate hipotético de la AP-9 no solo es viable, sino que podría ser altamente beneficioso para Galicia.

Además del debate sobre las autopistas, los participantes de la reunión también discutieron la necesidad urgente de avanzar en la ejecución del corredor atlántico, considerado un eje vital para conectar los puertos del noroeste español con el resto de Europa, según un comunicado de prensa emitido por la CEG.