Vecinos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña protestan contra la mina en Peñamayor

Este domingo, vecinos de Bimenes, Laviana, Nava y Piloña se movilizaron en defensa del entorno natural de Peñamayor. La plataforma 'Salvemos Peñamayor' organizó la II Simultánea de Cumbres, una acción reivindicativa que buscó frenar el permiso de investigación minera Astur A. La protesta reunió a participantes en tres marchas que convergieron en la cumbre a las 13.00 horas. Posteriormente, se realizó una comida popular y un acto central con lectura del manifiesto y actuaciones musicales. La movilización responde a la preocupación por la continuidad del permiso, vigente desde hace dos años, a pesar de que la empresa adjudicataria no ha cumplido las condiciones iniciales. La plataforma denuncia que la licencia se mantiene activa pese a incumplimientos y a acciones sin permisos adecuados. Además, reclama al Gobierno del Principado que inicie un expediente para declarar la caducidad del permiso, argumentando que existen bases jurídicas para ello. El fondo de la polémica radica en la gestión administrativa del permiso, que ha sido objeto de críticas por su falta de transparencia y control. La administración autonómica ha sido señalada por mantener la licencia en vigor sin una revisión exhaustiva, a pesar de las irregularidades detectadas y advertencias de la plataforma. La situación refleja un posible desfase entre las decisiones políticas y la protección del entorno natural. Las implicaciones de esta movilización van más allá del ámbito local, evidenciando tensiones en la gestión de recursos minerales y la protección ambiental en Asturias. La disputa evidencia la necesidad de mayor claridad en los procesos administrativos y la participación social en proyectos que afectan a espacios de alto valor ecológico y cultural. Desde una perspectiva política, el caso refleja la tensión entre intereses económicos vinculados a la minería y la protección del patrimonio natural. La postura del Gobierno del Principado será clave en los próximos meses, en un contexto donde la opinión pública y colectivos ecologistas demandan mayor rigor y transparencia. La resolución del conflicto podría marcar un precedente en la gestión de permisos mineros en la región. Este escenario pone de manifiesto la importancia de fortalecer los mecanismos de control y la participación ciudadana en decisiones que afectan a espacios naturales de enorme valor. La evolución del caso en los próximos meses determinará si se avanza hacia una mayor protección del entorno o si prevalecen intereses económicos sobre la conservación.