**OVIEDO, 8 de junio.**

La conjunción de la Asociación Empresarial de Profesionales Veterinarios del Principado de Asturias (Aemvet) y el Sindicato Veterinario Profesional de Asturias (Sivepa) ha dado lugar a la convocatoria de una manifestación programada para este domingo en Gijón. Esta protesta se erige como un vehículo para expresar la palpable "frustración y descontento" que los profesionales del sector veterinario sienten ante la adversa situación que enfrentan.

La movilización dará inicio a las 12:00 horas en la playa de San Lorenzo, partiendo de la escalera 15 y culminando en las puertas del Ayuntamiento. Esta marcha simboliza la unión de las voces de los veterinarios, quienes buscan visibilizar las problemáticas que han ido acumulándose a lo largo de los años.

Un comunicado emitido por ambas entidades refleja la percepción de que la profesión veterinaria ha sido objeto de "agravios y discriminaciones" en su ámbito sanitario desde hace décadas. Según ellos, esta tendencia ha empeorado de forma alarmante en los últimos seis meses, haciendo insostenible la situación actual.

Los veterinarios han señalado que las competencias en el ámbito de la salud animal han sido cada vez más usurpadas por agencias agrícolas, lo que ha menoscabado el papel de las agencias sanitarias. En este sentido, critican que el Ministerio de Agricultura y sus contrapartes regionales no consideran como prioritario el resguardo de la salud pública, situación que ha resultado en distorsiones significativas en el ejercicio de la profesión.

A la crítica hacia la Administración se suma lo que consideran un "ninguneo" por parte del Ministerio de Agricultura. Argumentan que este organismo desestima la relevancia sanitaria y científica de los veterinarios, poniendo en riesgo tanto el bienestar de los pacientes como la salud pública en general al tratar de relegarlos a un papel de simples técnicos.

Un punto álgido en este descontento es el reciente **Real Decreto 666/2023** y el sistema PRESVET, que, según los veterinarios, ha impuesto una carga normativa que resulta "injusta y desproporcionada". Estas nuevas regulaciones son vistas como una forma de controlar excesivamente la práctica veterinaria, desviándose de la realidad que enfrentan diariamente.

Los profesionales del sector advierten que este marco legal corre el riesgo de castigar a aquellos veterinarios que no sigan al pie de la letra las nuevas directrices, con sanciones que pueden ascender hasta 1,2 millones de euros por errores administrativos simples, lo que plantea un clima de miedo e incertidumbre en su labor cotidiana.

Desde su perspectiva, estos cambios legales ponen en peligro la salud pública en su conjunto, al obstaculizar un enfoque médico veterinario que priorice el criterio científico para el tratamiento de las mascotas. Argumentan que esta situación podría favorecer la propagación de enfermedades zoonóticas y la aparición de resistencias en los tratamientos.

Finalmente, este Real Decreto se suma a una larga lista de "agravios" sufridos por el colectivo veterinario, entre los que se encuentran la prohibición de vender medicamentos esenciales para el tratamiento de los animales y el alto IVA del 21% que grava las actividades sanitarias orientadas a la promoción de la salud pública comunitaria.