OVIEDO, 14 de abril.

El partido Vox ha llevado al ámbito parlamentario el trágico accidente en la mina de Cerredo, situada en el municipio de Degaña, Asturias, donde cinco trabajadores perdieron la vida y otros cuatro resultaron heridos el pasado 31 de marzo. Los miembros del partido están exigiendo al Gobierno central que explique lo sucedido.

José María Figaredo, diputado nacional por Asturias y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vox, ha formulado una serie de interrogantes relacionadas con las subvenciones otorgadas por el Instituto para la Transición Justa a la empresa responsable de la mina, así como sobre los permisos recibidos para desarrollar sus actividades.

Según las declaraciones hechas por la Delegada del Gobierno en Asturias, la mina de Cerredo contaba con dos autorizaciones de investigación, pero carecía del permiso necesario para operar en la planta donde se produjo la explosión fatal. Figaredo ha puesto de relieve esta incongruencia en su escrito.

El pasado 23 de septiembre, la mina fue objeto de una inspección que determinó que tenía los permisos que requería para las labores de investigación que estaba llevando a cabo.

No obstante, el diputado subraya que numerosos mineros asturianos han denunciado negligencias en una mina que, menos de un año atrás, recibió cerca de un millón de euros del Instituto para la Transición Justa, dirigido por la actual vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen.

Con esta información sobre la mesa, Figaredo plantea diversas preguntas sobre los criterios que llevaron a la concesión de la subvención, los datos que posee la delegación del Gobierno en Asturias sobre la validez de los permisos de la mina, y los elementos considerados en la investigación para confirmar que las actividades estaban dentro de los límites permitidos.

Asimismo, pregunta al Gobierno si ha tenido acceso a la justificación que respaldó la concesión de permisos de investigación a la mina de Cerredo.

En una acción adicional para obtener respuestas del gobierno de Pedro Sánchez, Figaredo también menciona un accidente ocurrido en 2022, cuando otro trabajador perdió la vida en la misma mina.

El texto enfatiza que, tras una investigación iniciada hace tres años, se descubrió que Combayl, la empresa que operaba la mina y cuya administradora era la esposa de Jesús Manuel Rodríguez, estaba extrayendo carbón sin la debida autorización, contratando personal sin la formación necesaria y facilitando un vehículo sin ITV a la víctima. Tras el accidente mortal, Blue Solving, otra empresa relacionada con la familia Rodríguez, asumió el control de la mina y recibió un permiso de investigación en julio de 2024, limitado a la extracción de 60,000 toneladas de grafito.

Además, el 12 de marzo, el Gobierno de Asturias recibió una denuncia que alegaba actividades extractivas 'encubiertas' en la mina, solicitando la revocación de los permisos, pero no se adoptó ninguna medida, lo que culminó en la tragedia de cinco trabajadores en las instalaciones denunciadas.

Figaredo solicita aclaraciones sobre si el Gobierno estaba al tanto de que la mina de Cerredo seguía siendo explotada por una empresa familiar asociada a Jesús Manuel Rodríguez y si se ha solicitado información adicional al gobierno regional acerca de la concesión de permisos de investigación minera a esta empresa familiar.