Vox vincula compra de terrenos en Avilés con investigación judicial sobre baterías de coque

La Autoridad Portuaria de Avilés y el Ayuntamiento del municipio están en el centro de una controversia política tras la propuesta de adquisición de unos terrenos en el entorno de las antiguas baterías de coque. La operación, que involucra a Sepides, filial de la SEPI, ha generado sospechas relacionadas con una investigación judicial en curso sobre la adjudicación del contrato para la demolición de esas instalaciones.

Este proceso judicial, liderado por el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, investiga posibles irregularidades en la adjudicación del contrato, lo que ha llevado a Vox a solicitar explicaciones públicas y a cuestionar la transparencia de la operación. La formación política vincula directamente la venta de los terrenos con este procedimiento judicial, sugiriendo posibles intereses ocultos.

El debate político se enmarca en un contexto en el que la Autoridad Portuaria, que también enfrenta dudas sobre su capacidad económica para afrontar la compra, planea adquirir y urbanizar los terrenos. La operación supone costes adicionales en descontaminación y parcelación, lo que alimenta las críticas a la gestión del proyecto por parte del ejecutivo local y del organismo portuario.

Por su parte, Vox denuncia el silencio del gobierno municipal de Avilés y apunta a una falta de transparencia en la gestión, además de cuestionar el cambio en el destino inicialmente previsto para los terrenos, que contemplaba instalaciones industriales y no su venta para uso portuario. La formación también advierte que la adquisición podría poner en riesgo la estabilidad económica del puerto.

Este enfrentamiento revela una tensión política en torno a la gestión de los bienes públicos y la posible influencia de intereses particulares en decisiones estratégicas. La implicación de sepides y la falta de claridad en los procesos administrativos evidencian la necesidad de una mayor transparencia y control público en estos procedimientos.

De cara al futuro, la situación refleja los desafíos que enfrenta la gestión portuaria y la administración local en temas de urbanismo y protección del patrimonio industrial. La atención se centra en cómo se resolverá este conflicto y qué implicaciones tendrá en la política local y en la gestión de los terrenos públicos en Avilés.