Vox querella a Adriana Lastra y a la Delegación del Gobierno por el acto de Abascal en Avilés

Vox ha presentado una querella ante el Tribunal de Instancia de Avilés contra Adriana Lastra, cabeza de lista del PSOE por Asturias y delegada del Gobierno hasta su cese el 20 de octubre. La denuncia se extiende también a Cecilia Pérez, su sucesora en el cargo, y a los responsables que resulten de la investigación. El motivo son los incidentes registrados durante el acto de Santiago Abascal en la plaza de Camposagrado, el 21 de octubre.

Según el partido, la Delegación autorizó que una contramanifestación se celebrara a escasos metros del mitin y apenas media hora antes, sin cambiar ni su ubicación ni su horario. Vox sostiene que esa decisión se tomó pese a conocer los graves disturbios ocurridos esa misma mañana en A Coruña durante otro acto del partido.

Durante el mitin de Avilés, según el escrito, grupos de manifestantes intentaron acceder por la fuerza al recinto. Hubo lanzamiento de petardos y objetos, agresiones a agentes y daños en mobiliario urbano. La Policía Nacional detuvo a tres personas por desórdenes públicos.

La querella apunta además contra los promotores de la contramanifestación, vinculados a las organizaciones Asturies Antifascista, Sindicato de Estudiantes e Izquierda Revolucionaria, y contra los autores materiales de la violencia. Para los responsables de la convocatoria, Vox invoca delitos electorales, de incitación al odio y de impedir o perturbar gravemente una reunión, en grado de tentativa. Para los autores de los actos violentos, la denuncia alude a atentado contra agentes de la autoridad, desórdenes públicos y daños.

En el caso de las autoridades, la acusación se plantea por prevaricación administrativa en su modalidad omisiva y por denegación de auxilio. Conviene subrayar que se trata de una iniciativa de una parte acusadora. Corresponderá ahora al juzgado determinar si existen indicios suficientes y si las decisiones de la Delegación pueden considerarse jurídicamente relevantes.

El episodio se inscribe en una campaña electoral autonómica marcada por la tensión entre bloques políticos y por el uso de la vía judicial como herramienta de confrontación. Más allá del desenlace procesal, el caso plantea una cuestión de fondo: el equilibrio entre el derecho de reunión y manifestación de unos y otros, y la responsabilidad de la administración para garantizarlo sin provocar choques en el espacio público.